En opinión del economista Julio Alvarado, el incremento salarial del 20 por ciento al mínimo nacional propuesto por el Gobierno tendrá impactos diferentes dependiendo de la formalidad de los sectores. Pero advirtió que en algunos casos la propuesta gubernamental que fue aceptada por los trabajadores obligará a las empresas a la informalidad, especialmente de aquellas unidades productivas pequeñas.
En torno al impacto en el sector público, no será de magnitud por la baja incidencia de los salarios en el PGN. El Gobierno ha reconocido que por cada punto porcentual del incremento representa $us 17 millones y en la magnitud del aumento el costo para el sector estatal será de $us 170 millones, lo que representa una cifra que no implica otras consideraciones, sostuvo el analista.
Argumentó que en la empresa privada las consecuencias de la propuesta gubernamental no serán uniformes, destacando que existen rubros en los cuales no se tendrán mayores inconvenientes como el bancario y el agroindustrial. Sostuvo que en el primer caso se han registrado ganancias extraordinarias y en el segundo citó a los productores de azúcar cuyo precio se duplicó en la pasada gestión.
En el sector exportador considera que la nueva escala salarial afectará a las empresas muchas de las cuales han perdido mercados internacionales. “No se trata de un incremento salarial en sí, sino de una reposición del poder adquisitivo de los salarios”, precisó Alvarado, quien añadió que los niveles inflacionarios como el registrado el 2008 fueron del 11 por ciento.
Larry Serrate, presidente de la Camex, sostuvo que el incremento salarial debiera ser consecuencia de políticas de Estado que permitan de forma “natural” a las empresas a proceder al aumento, "sin que éstas se vean obligadas a hacerlo", sostuvo.
“Si una empresa incrementa sus ingresos no tendría por qué objetar un aumento salarial. Lamentablemente en el sector exportador las políticas de Estado impiden lograr mayores niveles de competitividad”.
Serrate citó el caso de la devolución impositiva cuya demora representa a los exportadores una pérdida por la elevación de los costos financieros. Comparó que en el Perú el Estado procede con la devolución fiscal en un plazo de cinco días y que en Bolivia este tiempo se prolonga por dos años o más.
Sostuvo que por estas razones “no están dadas las mejores condiciones en las políticas del Estado en Bolivia para mejorar la situación empresarial de forma que se pueda responder a las necesidades salariales de los trabajadores”.
“Estamos contra la pared” porque no contamos con una “espalda financiera” que respalde este tipo de medidas, indicó el directivo del sector exportador. El Gobierno y la COB suscribieron un acta de entendimiento el jueves pasado en el que se fijó un incremento del 8% al salario básico y un 20% al salario mínimo nacional.
Por su parte, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz – Bolivia (Cainco), a través de su presidente Luis Fernando Barbery Paz, puso de manifestó su preocupación por el incremento salarial pactado entre el Gobierno central y la Central Obrera Boliviana (COB), a través del cual se prevé un aumento del 8% al salario básico y un 20% al salario mínimo nacional, dijo ANF.
“Un incremento como el que se definió, por encima de la inflación y sin el concurso de los empresarios, impide que se desarrollen planes de inversión, que generarían más empleos e incrementos sostenibles de salario para más bolivianos”, aseveró a través de un comunicado, el presidente de la Cainco.
El empresario cruceño observó que “el presidente Morales fijó la meta de llegar al 2025 erradicando la pobreza extrema de Bolivia, visión a la que todos los bolivianos nos adherimos, pero establecer un incremento salarial sin tomar en cuenta la realidad de las empresas es poner trabas en este camino, pues sólo se puede disminuir la pobreza con inversión”.
Alvarado anticipo que el aumento está muy bien para los trabajadores, pero "en el sector privado muchas de las unidades productivas formales serán no solamente empujadas a la informalidad, sino que tendrán que tercerizar los bienes o servicios requeridos a objeto de evitar las cargas sociales del caso".
Consultado en torno al sector informal, el economista cree que la medida gubernamental no tendrá ningún impacto porque este sector se desarrolla en un régimen donde no se aplica la legislación laboral.
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