Trabajo vs Pandemia: el coronavirus pone en riesgo unos 5,2 millones de empleos en Bolivia

La pandemia del coronavirus amenaza con dar un tremendo golpe al empleo en Bolivia. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calcula que 5,2 millones de empleos están en riesgo. Otra investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) establece que el 78 por ciento de la población trabajadora es la más vulnerable (55 por ciento, los independientes, y 33 por ciento empleados de microempresas), mientras que, también según el Cedla, los efectos de esta cuarentena tanto en la cantidad como en la calidad del empleo se multiplicarán de forma exponencial.

Esta situación ocurre mientras tres organismos internacionales proyectan una fuerte contracción de la economía boliviana: el Banco Mundial (BM) en 3,4 por ciento, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2,9 por ciento y la Comisión Económica para América Latina (Cepal) en 3 por ciento. Los tres anticipan que esto traerá grandes costos al empleo en Bolivia.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran una tasa de desempleo de 4 por ciento hasta diciembre del año pasado, pero el Cedla, el BID y economistas consultados por este medio observan que es un dato engañoso, pues al menos el 80 por ciento de la población trabajadora se desenvuelve en un empleo informal, por cuenta propia o eventual (4,2 millones) y sólo un millón trabaja bajo contrato formal.

El BID plantea tres posibles escenarios para la pérdida de empleo, según la gravedad de la cuarentena y cuánto se extienda. En los tres casos, comercio, gastronomía, hotelería, transporte y manufacturas son los sectores más afectados.

Cedla

Otro estudio expuesto en dos artículos por la investigadora del Cedla, Silvia Escóbar, plantea tres escenarios del trabajo en Bolivia: antes, durante y después de la aplicación de la cuarentena por el coronavirus.

En el primer escenario, se observa que Bolivia ingresa a la cuarentena con un 48 por ciento de trabajadores asalariados en el área urbana, mientras que en la rural, el porcentaje llega apenas al 11.

Sin embargo, de todos los asalariados, más de la mitad sólo tienen trabajos temporales. Y el 84 por ciento de los trabajadores se concentra en cinco áreas: servicios de la administración pública y sociales, construcción y manufacturas (los asalariados) y agropecuaria y comercio (los no asalariados). De aquí se desprende la vulnerabilidad del empleo en Bolivia.

“La economía boliviana ya estaba en desaceleración. El crecimiento del PIB se había reducido a 2,2% en 2019, el más bajo desde 2002. Por donde se mire, nada asegura la sostenibilidad del desempeño de los sectores productivos que estarían llamados a impulsar la economía”, explica la autora.

Justamente, con la llegada de la pandemia y ante la necesidad de evitar grandes aglomeraciones es que se dicta la cuarentena, en los que los sectores más afectados son los trabajadores independientes (que conforman el 55 por ciento de la población trabajadora) y los empleados en micro y pequeñas empresas, mypes (que representan el 23 por ciento). Además, el 80 por ciento de este último sector no cuenta con protección de seguridad laboral ni social (sólo son trabajos eventuales).

Sólo el 20 o 25 por ciento tiene un empleo “formal” en Bolivia, y aunque son estos últimos quienes continúan ganando sueldo en este tiempo de cuarentena, no tienen su puesto garantizado a largo plazo debido a la crisis que se avecina y el efecto multiplicador que la situación traerá consigo.

El desplome

Por ello, en el tercer escenario (después del coronavirus), según el estudio expuesto por Escóbar, se experimentarán las grandes caídas de la economía (3 por ciento, según la Cepal), y la caída del empleo registrará “cifras exponenciales” (aún no se precisa en números). Sin embargo, por la naturaleza laboral, se puede anticipar que los sectores más afectados serán, en ese orden, los trabajadores independientes (comercio, restaurantes, transporte y otros), los asalariados de pequeñas y microempresas (por el cierre temporal o permanente de operaciones en el sector y porque el 80 por ciento no tiene protección laboral y social), los obreros de la industria manufacturera (especialmente los de rubros que no son de primera necesidad), los obreros de la construcción y los trabajadores campesinos e indígenas.

“Por tanto, comenzando desde ahora, el Gobierno debe encaminar un conjunto de políticas para estimular el nivel de actividad económica, capaz de responder a la gravedad de la crisis priorizando los rubros productores de bienes esenciales, con capacidad para generar mayor valor agregado, empleos de calidad y socialmente protegidos”, concluye la autora e investigadora del Cedla.

470 MIL EMPLEOS EN CONSTRUCCIÓN

La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) declaró emergencia y advirtió con despidos “a gran escala” afectando a 470 mil empleos en el país.

Además, la construcción brinda 1,5 millones de empleos indirectos, declaró el presidente de Caboco, Franklin Pérez, quien plantea un retorno paulatino al trabajo.

Pérez explicó que las instituciones públicas deben a las constructoras alrededor de mil millones de bolivianos. Además, solicitó medidas complementarias que beneficien al sector en el área tributaria y el apoyo con créditos blandos.

Sólo en Cochabamba, hay más de 130 obras del Gobierno nacional, Gobernación y municipios que están paralizadas.

UNAS 106 MIL ESTARÁN CESANTES EN TURISMO

El sector del turismo en Bolivia podría perder este año más de 1.200 millones de dólares (8.504 millones de bolivianos) y dejar sin empleo a 106 mil personas, según una encuesta de UniFranz.

La encuesta indica también que cerraría el 50 por ciento de las microempresas dedicadas a esta actividad y el Producto Interno Bruto (PIB) quedaría afectado en 1,8 por ciento.

Estas cifras fueron logradas mediante encuestas y entrevistas virtuales a nivel nacional con líneas aéreas, hoteles, hospedajes, operadoras de turismo, agencias de viaje, emprendimientos comunitarios, restaurantes turísticos, parques y/o centros de esparcimiento, guías de turismo, transporte de turismo, alcaldías y actores representativos del sector.

MAS DATOS

Hay 104 mil cesantes en las industrias

De los 110 mil trabajadores en industrias del país, sólo 6 mil se encuentran trabajando durante la pandemia del coronavirus. El resto está en pausa, informó el presidente de la Cámara Nacional de Industria, Ibo Blazicevic.

Esto se debe a que actualmente sólo funcionan 1.300 industrias de las 35.000 existentes en toda Bolivia. Los sectores industriales más afectados hasta el momento son los de textiles, muebles, plásticos, metalmecánica, bebidas alcohólicas y alimentos orgánicos.

El 85% de mypes dejó de trabajar

El 85 por ciento de las pequeñas y microempresas dejó de trabajar debido a la cuarentena por el coronavirus, según informes de Cadepia a la prensa.

En el departamento, hay entre 15 mil y 20 mil empresas pequeñas afiliadas a Cadepia y Fedemype, que dan empleo a unas 100 mil personas.

60% de empresas piensa en despidos

Seis de cada 10 empresas consideran muy importante implementar políticas de reducción de impuestos, acceso a créditos con tasas preferenciales y flexibilización de la normativa laboral.

Además, dos de cada 10 empresas piensa en cerrar en los próximos tres meses debido al déficit provocado por el coronavirus.

Estas cifras fueron levantadas por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) entre sus empresas afiliadas con el objetivo de mostrar a la población y el Gobierno la situación de déficit por la pandemia.

EL 33% EN CUARENTENA EN CASA SIN TRABAJAR

REDACCIÓN CENTRAL

Mientras el tiempo pasa, el 56 por ciento de la población ingresó a la cuarentena teniendo un trabajo; un 33 por ciento se encuentra en casa sin trabajar, mientras que un 6 por ciento sigue saliendo a trabajar sin importarle las restricciones impuestas para contener la epidemia, según una encuesta de CiesMori realizada a principios de mes.

Ese 56 por ciento (ver infografía 3) son personas que declaran que antes de la cuarentena contaban con trabajo asalariado, el 27 por ciento se declara sin actividad, mientras que un 27 por ciento se presenta como ama de casa, estudiante o jubilado.

La mayoría de las respuestas apuntan a personas que dicen tener trabajo habitualmente, pero que en este momento están sin trabajar. Esta situación ocurre con el 29 por ciento de los paceños, el 34 por ciento de los cochabambinos y el 39 por ciento de los cruceños. En los otros departamentos, la frecuencia es del 32 por ciento. Por edades, el mayor porcentaje está entre quienes tienen 50 años en adelante (40 por ciento). En el resto de los grupos etarios, la frecuencia oscila por el 30 por ciento. Y en cuanto a sexo, responden a esta situación 35 por ciento de los hombres contra 31 por ciento de las mujeres.

Otro grupo llamativo es el de los que declaran hallarse sin actividad. Eso ocurre al 27 por ciento de los paceños, al 25 por ciento de los cochabambinos y al 26 por ciento de los cruceños. No se ve grandes diferencias a nivel de ciudades. En cuanto a género, hay más desocupación (entendido como trabajo sin salario) en mujeres (30 por ciento) que en hombres (25 por ciento).

Los que trabajan desde su casa en línea o por teléfono representan el 21 por ciento de los paceños, el 17 por ciento de los cochabambinos y el 18 por ciento de los cruceños. Los que más realizan el “teletrabajo”, sorprendentemente, no son los millenials, como pudiera pensarse en principio, sino los que tienen edades entre los 45 y 55 años (24 por ciento). Probablemente, porque quienes tienen estas edades cuentan con trabajo dependiente, fijo y formal, cuyo abandono es “impensable”.

Eso sí, son más los hombres que las mujeres (20 contra 14 por ciento) los que una vez más son mayoría, reforzando las conclusiones de mayores oportunidades de trabajo para el género masculino.



ANÁLISIS

Bruno Rojas. Investigador Cedla.

Habrá efectos en cantidad, pero también en calidad del empleo

El coronavirus tendrá efectos en la cantidad, pero también en la calidad del empleo. Una encuesta anterior indicaba que el 83 por ciento de las empresas ya pensaba en despedir gente tras la cuarentena, y otros sectores ya comienzan a pedir flexibilidad laboral al Gobierno. Entonces, esto incidirá en la cantidad en un porcentaje que aún es difícil de calcular. Dependerá de cuánto incida la pandemia y de qué forma se extienda la cuarentena.

Pero lo que más nos preocupa es la calidad. Ya el 93 por ciento en Bolivia tiene trabajos precarios, es decir, inestables, eventuales, informales o con sueldos bajos, sin seguro social ni laboral. Con la pandemia es muy posible que esta precariedad llegue a la totalidad.

Los sectores más afectados serán la industria, la construcción, el comercio, transporte, restaurantes, hotelería y turismo, entre otros, que, a diferencia de los hidrocarburos y de los minerales (que están en franca caída) son los que dan empleo a la gente.

Microempresarios rechazan reglamentación del plan de apoyo del Gobierno y se declaran en estado de emergencia

El presidente de la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conamype), Néstor Conde, informó que el sector decidió rechazar la reglamentación del Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, debido a que el mismo, suma grandes intereses y no abarca a los microempresarios informales del país.

“Ayer hemos tenido una asamblea virtual en la que se ha tenido la firme decisión de rechazar la reglamentación que ha sacado el ministro de Economía, acerca de los créditos y estos créditos que son con intereses altos alrededor del 11.5% y para la grande empresa es al 6%”, manifestó Conde.

La autoridad aseveró que los microempresarios informales del país, generan el 80 por ciento (%) de los empleos a nivel nacional y los créditos no llegarían a esa cantidad de los sectores informales.

“Estamos en estado de emergencia, no descartamos declararnos en huelga de hambre, en nuestras viviendas no nos queda de otra, no podemos seguir llevando la carga, nosotros como pequeños productores generamos el 80 % de empleo a nivel nacional”, sostuvo Conde.

El presidente de Conamype, aseguró que por la cuarentena del Covid-19, las recientes semanas, alrededor de 100 mil microempresas ingresaron en quiebra, entre formales e informales, debido a que perdieron el capital, las utilidades y tuvieron que despedir a sus trabajadores.

‘Flexibilizarán’ requisitos para que Mypes y artesanos accedan al alivio financiero

Bordadores, artesanos, peluqueros y trabajadores independientes, así como micro y pequeños empresarios, tendrán una “flexibilización” de los requisitos para acceder al programa de alivio financiero del Gobierno. Un registro en Pro Bolivia los habilitará para el beneficio.

El anuncio fue realizado a La Razón por el presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Néstor Conde, quien anticipó que con esa “flexibilización” más de 800.000 trabajadores de esos sectores podrán acceder a créditos entre $us 1.000 y $us 5.000, con un período de gracia de un año e interés del 4% a 6% a través de bancos y entidades financieras en todo el país.

Explicó que esta medida es el resultado de un “acta de entendimiento” de ocho puntos, suscrito el miércoles entre la dirigencia de la Conamype y el viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Luis Áñez.

“Una de las medidas más importante son los créditos que abarcará a todos los pequeños productores sean formales o informales, es decir, estamos diciendo que cubrirá la totalidad del sector”, dijo el empresario.

Para acceder a un crédito en el sistema financiero —a través del Programa Especial de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa aplicado por el Gobierno— esos sectores deberán presentar su registro de Unidad Productiva en Pro Bolivia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, así como un libro de ventas o compras de materias primas.

Conamype pide créditos que le permitan al sector subsistir

La Razón intentó contactarse con el viceministro Áñez para conocer detalles de ese anuncio mas no respondió a las consultas vía WhatsApp ni atendió llamadas telefónicas.

No obstante, Conde anticipó que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) reglamentará los nuevos requisitos para estos sectores productivos y que el Gobierno hará el anuncio en los próximos días.

Los otros puntos del acta suscrita entre dirigentes de las Mypes y el viceministerio del sector se relacionan al acceso a proveedores de materias primas e insumos, contrabando, medidas antidumping (defensa comercial) e incentivo al consumo de la producción nacional.

Conforme al Decreto Supremo 4216, se estable el programa especial de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, el cual dispone de Bs 1.500 millones para créditos a estos sectores, con la finalidad de precautelar las fuentes de empleo, el funcionamiento, continuidad de los negocios y sus operaciones dada la emergencia sanitaria nacional y cuarentena por el COVID-19.

Según la web oficial de Pro Bolivia, el registro y acreditación de una unidad productiva es el procedimiento técnico y administrativo por el cual esta institución pública, mediante la emisión de un certificado, establece que aquélla ha cumplido con los requisitos determinados por el Reglamento de Registro y Acreditación confiriéndole el Certificado de Registro Nacional de Unidad Productiva correspondiente, que tiene validez para los fines establecidos por el artículo 31 de las Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios. (DS 181)

A partir de la certificación, las unidades productivas podrán participar en los procesos de contratación de bienes y servicios bajo las modalidades de Licitación Pública y ANPE, se aplicará un margen de preferencia del 20% al precio ofertado, para las micro y pequeñas empresas, asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales; y organizaciones económicas campesinas (OECAS).

Aprueban reglamento para que microempresarios accedan a créditos a cinco años plazo

El Ministerio de Economía aprobó ayer el reglamento para el Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral, mediante el cual los microempresarios podrán acceder a créditos de hasta 115 mil bolivianos y con un tiempo de gracias de entre seis meses y un año, y un tiempo de plazo de pago de hasta cinco años.

Aunque la tasa de interés activa será regulada, dirigentes de los microempresarios explicaron que se trata de porcentajes que oscilan entre el 4 y el 6 por ciento anual.

Mediante la Resolución 159, el Ministerio autoriza al Banco de Desarrollo Productivo (BDP) la suscripción de contratos con las fuentes de financiamiento para el Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

A la vez, los bancos Pymes, instituciones Financieras de Desarrollo, Cooperativas de Ahorro y Crédito y Entidades Financieras de Vivienda serán las que otorguen los créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas con el objetivo de precautelar las fuentes de empleo, el funcionamiento, continuidad del negocio y sus operaciones de las unidades productivas.

El programa cuenta con un fondo de 1.500 millones de bolivianos.

Ofrecen créditos con tasas de 11,5% a mypes; éstas exigen 4% acordado

El Ministerio de Economía aprobó ayer el programa de créditos para la reactivación de micro y pequeñas empresas, con una tasa de interés de hasta 11,5 por ciento.

El presidente de la Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Conamype), Néstor Conde, dijo que su sector se declaraba en emergencia, debido a que el Gobierno no respetó el acta del pasado miércoles en el que se acordó un interés que oscilaba entre el 4 y el 6 por ciento, como una medida excepcional para atender a las pequeñas inversiones afectadas por la cuarentena del coronavirus.

El Ministerio aprobó ayer el reglamento para el Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y el Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral.

En el primer caso, se establece que cada unidad empresarial podrá acceder a un crédito de hasta 115 mil bolivianos. El artículo 7 indica que “la tasa de interés activa será la tasa regulada, conforme al artículo 5 del Decreto Supremo 2055 del 9 de julio de 2014 (norma que fija las tasas para el sector productivo)”.

El Decreto 2055 de 2014, se indica que los intereses regirán en función del tamaño de la unidad productiva. En el caso para la micro se fija 11,5 por ciento; para la pequeña un 7 por ciento y para la mediana un 6 por ciento.

Conde recordó que el punto 1 del acta del pasado miércoles entre las representaciones de microempresas con el Viceministerio del ramo y otras instancias estatales, había acordado un interés que podría oscilar entre 4 y 6 por ciento, pero los microempresarios fueron sorprendidos con la nueva disposición. Conde dijo que se reuniría con su sector para determinar medidas a la brevedad posible.

Hasta el cierre de esta edición no se conocía una explicación por parte del Gobierno.

La Resolución 159 también autoriza al Banco de Desarrollo Productivo (BDP) suscribir contratos con las fuentes de financiamiento.

Esta misma resolución establece que cada unidad podrá acceder hasta 115 mil bolivianos, cuando en las negociaciones se hablaba sólo de un máximo de 5 mil dólares (unos 35 mil bolivianos).

Otra novedad es que los créditos no serán otorgados, necesariamente, por el BDP, como en otros casos, sino que se encargarán de este programa los bancos pyme (los que otorgan pequeños créditos), las cooperativas y las instituciones financieras de desarrollo, ITF.

Para salarios

El otro reglamento establece créditos destinados exclusivamente para que las empresas puedan pagar sueldos por los últimos dos meses.

Estos créditos son equivalentes a dos salarios mínimos mensuales por trabajador, por dos meses (lo que duró la cuarentena). Por tanto, el crédito será de 8.848 bolivianos por trabajador, y se lo gestiona mostrando planillas de personal.

El interés, en este caso, será de 3,73 por ciento anual, tendrá seis meses de gracia y el plazo de pago será de 18 meses.



Los créditos para producción serán de hasta cinco años, y para salarios, de hasta 18 meses de plazo

CADEPIA HACE OBSERVACIONES

La presidenta de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía (Cadepia), Luz Mary Zelaya, hizo observaciones al programa al considerar que no satisface las demandas de su sector.

Indicó que Cadepia, que no fue tomada en cuenta en las negociaciones para los créditos, esperaba tasas de entre 3 y 3,5 por cirnto anual, por cuanto los emprendimeintos lo perdieron todo.

También observó el tema de los requisitos, ya que al no ser necesario que la empresa cuente con un NIT para acceder a los créditos se fomenta la informalidad, dijo Zelaya.

Video 14 de abril de 2020, Analisis de las Nuevas medidas de JEanine Añez desde la CONAMYPE

Microempresarios denuncian que el Gobierno incumple sus compromisos de crédito

Los microempresarios denunciaron que el Gobierno no cumplió con su compromiso y les ofertaron créditos al doble del interés que acordaron en un inicio. El sector se reunirá este lunes y anticipan el cierre de más unidades productivas en el país.

“No tenemos más alternativa que seguir declarándonos en quiebra, parece que al Gobierno sólo le interesa apoyar a las grandes empresas. Nosotros vamos a tener que cerrar nuestras unidades productivas”, declaró el presidente de la Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Conamype), Néstor Conde.

El pasado 22 de abril los dirigentes presentaron sus demandas al viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Luis Añez. En el documento, los microempresarios solicitaron un crédito blando para la manufactura con un interés anual del 4% al 6%, un año de gracia que no incluya el pago de capital o interés, requisitos flexibles que permite el acceso a los recursos no sólo a los que tengan NIT y otros.

“Hemos firmado un acuerdo y no se cumple ninguno de los puntos previstos. El crédito era con un interés de un 4 a 6%; pero en la reglamentación nos informan que se basaron en el Decreto Supremo 2055 donde establece que el interés para las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes) es el 11,5% y para las grandes empresas el 6%. Esto es casi el doble de lo que demandábamos”, declaró el dirigente del sector.

Los microempresarios hicieron este pedido porque dejaron de operar desde el pasado 22 de marzo cuando el Gobierno dictó la cuarentena total en el país a causa del coronavirus. Hasta la anterior semana, Conde informó que 100.000 unidades productivas o pequeñas empresas formales e informales que se cerraron por quiebra y eso generó un desempleo de al menos 600.000 personas. Este número, según Conde, se irá incrementando mientras no se levante la cuarentena o les canalicen recursos de fácil acceso.

“También pedimos flexibilidad en los requisitos pero nos informaron que los créditos serán para los que ya tienen préstamos o cumplen con los requisitos que siempre hubo. Aquellos que no pudieron acceder a estos recursos antes ya sea por no contar con el NIT tampoco lo harán ahora. Entonces, habrá una discriminación al sector productivo”, añadió el dirigente.

Este es un problema para el sector porque de las 600.000 microempresas en el país; sólo 180.000 son formales, tributan al Estado y son las únicas habilitadas a acceder a los recursos. “

En promedio, cada una de ellas llega a tener tres trabajadores y contamos con alrededor de 1,5 millones de empleados”, añadió el ejecutivo. Los sectores de la microempresa más afectados por la cuarentena son las manufacturas, textiles, maderas, cueros, metal mecánica.

‘Se cerró todo’: las pymes de América Latina intentan sobrevivir a la pandemia

Cuando la crisis por el coronavirus la obligó a detener las operaciones de su pequeña empresa de construcción en México, Lucía Gutiérrez pidió a sus empleados buscar otra fuente de ingresos porque se haría difícil pagar los salarios.

“Yo misma les dije: Si tienen otra fuente de ingresos, pues búsquenla y yo los puedo emplear un día y ustedes vayan y trabajen en otra cosa cuatro días”, cuenta a la AFP Gutiérrez, de 53 años. “En tres días se cerró todo, fue un golpe brutal”.

Pequeñas y medianas empresas (pymes) como la de Lucía generan poco más del 60% de los empleos en América Latina y de ellas dependen millones de personas, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo técnico de las Naciones Unidas.

“Las ventas podrían ser insuficientes para la sobrevivencia de esas empresas, que no podrían pagar los salarios, las contribuciones de los empleados y los aportes a la seguridad social, y podrían incluso quebrar”, advirtió la Cepal a inicios de abril.

Las pequeñas y medianas empresas enfrentan un panorama sombrío a medida que la región batalla con los estragos del nuevo coronavirus, que mantiene a millones de personas confinadas.

El Banco Mundial estima que la actividad económica de América Latina y el Caribe se contraerá 4,6% en 2020, con las caídas más pronunciadas en Brasil y México, de 5% y 6%, respectivamente.

Renata de Paula, socia y administradora de Okanossa, un pequeño café vegetariano en Rio de Janeiro, ya observa una caída de ingresos por la pandemia. El local cerró sus puertas al público y sobrevive de entregas a domicilio.

“El delivery no cubre ni el 40% de lo que facturábamos antes”, refiere de Paula, quien tuvo que despedir a dos de sus seis empleados y anticipar las vacaciones de un tercero para mantener el negocio a flote.
La Cepal advierte sobre la recesión

Apoyos gubernamentales

Varios países de la región buscan apoyar al sector a través de diversas iniciativas, especialmente créditos de la banca garantizados por el gobierno.

En Colombia, el presidente Iván Duque dijo que respaldaría las deudas que contraigan las empresas con los bancos para pagar las nóminas, a condición de que no despidan personal.

Mientras, en Chile la administración de Sebastián Piñera lanzó una línea de crédito con garantía del gobierno por 24.000 millones de dólares para las empresas. Se espera que los bancos entreguen los recursos sin intereses y con un plazo de pago de hasta 48 meses.

Perú también garantizó los créditos a las pymes y anunció un fondo de apoyo empresarial por 85 millones de dólares, mientras que en Brasil el gobierno amplió el acceso a créditos y dijo que prestará dinero para que los microempresarios puedan continuar pagando a sus empleados.

En México, el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador ha evitado dar apoyos al sector como diferir el pago de impuestos, lo que lo ha enfrentado con la comunidad empresarial, pero junto con algunos bancos anunció la entrega de dos millones de créditos, cada uno de 1.000 dólares.

Las cúpulas empresariales mexicanas acordaron también un plan que implica que las compañías de mayor tamaño disminuyan sus plazos de pago a las más pequeñas, y que anticipen compras de insumos y suministros.

‘Las ayudas nunca se ven’

Pese a los apoyos que han anunciado los gobiernos, para muchas empresas el acceso a la banca no es tan sencillo. Alejandro Espejo, dueño de Bendito Arroz, una pequeña empresa de postres de arroz con leche de Barranquilla, Colombia, lucha para conseguir créditos.

“Las ayudas (del Estado) nunca se ven (…). En la práctica no pasa nada”, dice. Su empresa buscó préstamos bancarios apelando a las medidas del gobierno, pero no ha tenido éxito. “Nos están pidiendo documentos que son una barbaridad”, se queja.

“Estamos muy afectados pero estamos reinventando el negocio”, señala. Esa reinvención apunta, como muchas otras empresas del sector, al servicio a domicilio.

En México, varios supermercados, restaurantes e incluso la Central de Abasto de la capital, el megamercado que distribuye un tercio de la producción de hortalizas, frutas y verduras del país, han apostado por las entregas en casa.

“Lo hemos visto muchísimo, todas las empresas están buscando alternativas paralelas para generación de ingresos y la tecnología está jugando un factor clave”, indica Rolando Garay, de la consultora KPMG.

Para Garay, el ingenio brota siempre en situaciones adversas. «Se te ocurren ideas que antes no habías pensado».

Lucía Gutiérrez lo intenta dosificando sus ingresos. “Todo el trabajo de mi vida está a un tris de volverse polvo. Estoy haciendo hasta lo imposible por sobrevivir y por repartir (entre los empleados) el dinero que tenga en mis manos”, dice.

‘Flexibilizarán’ requisitos para que Mypes y artesanos accedan al alivio financiero

Bordadores, artesanos, peluqueros y trabajadores independientes, así como micro y pequeños empresarios, tendrán una “flexibilización” de los requisitos para acceder al programa de alivio financiero del Gobierno. Un registro en Pro Bolivia los habilitará para el beneficio.

El anuncio fue realizado a La Razón por el presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Néstor Conde, quien anticipó que con esa “flexibilización” más de 800.000 trabajadores de esos sectores podrán acceder a créditos entre $us 1.000 y $us 5.000, con un período de gracia de un año e interés del 4% a 6% a través de bancos y entidades financieras en todo el país.

Explicó que esta medida es el resultado de un “acta de entendimiento” de ocho puntos, suscrito el miércoles entre la dirigencia de la Conamype y el viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Luis Áñez.

“Una de las medidas más importante son los créditos que abarcará a todos los pequeños productores sean formales o informales, es decir, estamos diciendo que cubrirá la totalidad del sector”, dijo el empresario.

Para acceder a un crédito en el sistema financiero —a través del Programa Especial de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa aplicado por el Gobierno— esos sectores deberán presentar su registro de Unidad Productiva en Pro Bolivia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, así como un libro de ventas o compras de materias primas.

Conamype pide créditos que le permitan al sector subsistir

La Razón intentó contactarse con el viceministro Áñez para conocer detalles de ese anuncio mas no respondió a las consultas vía WhatsApp ni atendió llamadas telefónicas.

No obstante, Conde anticipó que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) reglamentará los nuevos requisitos para estos sectores productivos y que el Gobierno hará el anuncio en los próximos días.

Los otros puntos del acta suscrita entre dirigentes de las Mypes y el viceministerio del sector se relacionan al acceso a proveedores de materias primas e insumos, contrabando, medidas antidumping (defensa comercial) e incentivo al consumo de la producción nacional.

Conforme al Decreto Supremo 4216, se estable el programa especial de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, el cual dispone de Bs 1.500 millones para créditos a estos sectores, con la finalidad de precautelar las fuentes de empleo, el funcionamiento, continuidad de los negocios y sus operaciones dada la emergencia sanitaria nacional y cuarentena por el COVID-19.

Según la web oficial de Pro Bolivia, el registro y acreditación de una unidad productiva es el procedimiento técnico y administrativo por el cual esta institución pública, mediante la emisión de un certificado, establece que aquélla ha cumplido con los requisitos determinados por el Reglamento de Registro y Acreditación confiriéndole el Certificado de Registro Nacional de Unidad Productiva correspondiente, que tiene validez para los fines establecidos por el artículo 31 de las Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios. (DS 181)

A partir de la certificación, las unidades productivas podrán participar en los procesos de contratación de bienes y servicios bajo las modalidades de Licitación Pública y ANPE, se aplicará un margen de preferencia del 20% al precio ofertado, para las micro y pequeñas empresas, asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales; y organizaciones económicas campesinas (OECAS).

‘De ser insalvable, la crisis por el coronavirus es la perfecta bandera de fuerza mayor para terminar contratos laborales’

No contagiemos de coronavirus al empleo por inactividad o silencio”. Es el pedido del experimentado abogado laboralista Christian Amestegui, integrante de la Mesa Laboral, quien en esta entrevista con La Razón Digital analiza los problemas económicos que azotan a las empresas por la emergencia sanitaria y la cuarentena total dictadas por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus en el país, que abren un signo de interrogación sobre el futuro de miles de fuentes laborales. Además, cataloga como insuficiente y muy genérico el plan lanzado por el mandato de Jeanine Áñez para que los empleadores puedan hacer frente a este duro panorama, y plantea que se active un diálogo social tripartito, y trabajar en siete niveles, para que la economía salga a flote y se pueda proteger el empleo en la fase poscuarentena.

— ¿Cuál es la situación de las empresas ante la crisis por el coronavirus, tanto en el ámbito económico como laboral?

— En general, las empresas en Bolivia tienen bajas utilidades anuales y, por tanto, una interrupción en su funcionamiento por un prolongado tiempo las pone en situación de grave vulnerabilidad derivando, en una segunda instancia, en su inviabilidad y tener que cerrar para mal de todos los interesados (propietarios, trabajadores, proveedores, clientes, gobierno, etcétera). Por supuesto que las más perjudicadas son las micro y pequeñas empresas ya que no cuentan con elevados capitales o recaudos financieros para crisis o imprevistos. Así, la Confederación Nacional de Medianas y Pequeñas Empresas advirtió que 100.000 unidades productivas cerraron en este tiempo de cuarentena porque ya no pueden sostener su actividad, generando un desempleo de al menos 600.000 personas. En el mismo sentido, la Cámara Nacional de Comercio pronosticó que 2 de cada 10 empresas estén pensando en la posibilidad de cerrar en los próximos tres meses. Ni siquiera saben si se podrá cumplir el sueldo de abril o poder acatar la estabilidad laboral.

Sobre esto se han escuchado insistentes pronunciamientos del Ministro de Trabajo respecto a que no se van a permitir despidos o rebajas salariales. Inclusive se escuchó de proyectos de ley respecto a una inamovilidad retroactiva durante la cuarentena. Queda en la incertidumbre si la autoridad laboral tiene la capacidad de poder analizar con objetividad el conjunto normativo que rige la materia o siquiera poder atender todo el cúmulo de solicitudes de reincorporación que pudiera abarrotar sus oficinas en el ámbito nacional. De antemano ya hay un problema porque la Constitución Política del Estado prohíbe el despido injustificado, entendido como una desvinculación sin causa o forzosa, cuando en la práctica lo que estuviera ocurriendo son despidos por fuerza mayor, regulados claramente en el artículo 379 y siguientes del Código Civil, como parte de las causales de extinción de las obligaciones, los cuales trabajan junto al artículo 339 del mismo código respecto a incumplimiento sin culpa de las obligaciones, en este caso de la obligación del empleador respecto a respetar la estabilidad laboral de sus dependientes. En suma, pandemia, urgencia sanitaria y cuarentena total, entendidos en conjunto como una situación imprevisible, inimputable, incontenible, real y presente se configuran como la perfecta bandera de fuerza mayor que, de ser insalvable, da la permisividad al empleador a terminar los contratos laborales sin desahucio. Todos perdemos.

La Sentencia Constitucional 1088 de 2015 moduló en sentido que si bien la Constitución Política regula dicha garantía de estabilidad, en una sociedad democrática los derechos de una persona no pueden estar en desbalance con los de otra, por lo que cuando ocurre una situación de tal magnitud, se genera permisividad de finalización de la relación laboral dentro de incumplimiento inimputable o sin culpa, aunque el fallo aclara que las obligaciones laborales acumuladas no se pueden dejar de respetar. En específico, la indemnización, el aguinaldo, las vacaciones, entre otros. Esto nos lleva a una segunda faceta del problema: ¿Qué harían los empresarios ante ello?, ¿seguir abriendo a pérdida pospandemia, hasta terminar enterrados en deudas y obligaciones, además de insolventes? ¿Tienen los pequeños, medianos o grandes empleadores el dinero suficiente como para poder pagar esas obligaciones laborales acumuladas?, ¿o dichos empresarios no poseen en la realidad las provisiones sociales debido a que el Decreto Supremo 11478 les permite reinvertir estos fondos en el crecimiento de su negocio y, por tanto, por la misma palabra “inversión” puede ser que éstos reditúen o no, o que no sean exigibles o realizables al momento de la ocurrencia de la situación que estamos atravesando? Otra vez un limbo porque pueden por ley despedir pero no tienen con qué pagar. Del otro lado, la gente tiene que seguir comiendo y manteniendo a sus familias sin poder salir a buscar trabajo. Un desesperante laberinto para las dos partes.

Respecto a ello, el Gobierno ha ido lanzando algunas medidas económicas. Así, las medidas del Decreto Supremo 4216 articulando un Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y a la Estabilidad Laboral y un Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Uno de ellos otorga préstamo a cinco años plazo con uno de gracia sujeto a reglamentación, mientras que el otro, más concretamente, otorga un crédito vía sistema financiero que permita al empleador prestatario conseguir dinero fresco para pagar en un mes hasta el monto de dos salarios mínimos nacionales por hasta dos periodos mensuales.

— ¿Cómo evalúa usted estas salidas?

— El problema es que se trata de préstamos. Regulan, por ejemplo, que lo máximo que se puede pagar por trabajador es dos salarios mínimos nacionales. Y qué pasaría cuando los sueldos superan los dos salarios mínimos nacionales, o sea son de Bs 5.000, 6.000, 7.000, 8.000… Un ejemplo típico de altos sueldos se da en el sector minero, donde el promedio salarial ronda los Bs 17.000 o 18.000 y, paralelamente, la empresa está totalmente paralizada por la crisis epidemiológica y consiguiente cuarentena, impidiéndole producir, exportar, importar, comprar o vender y por tanto generar riqueza, etcétera. ¿A ver, imagine darle a la gente Bs 4.000 con este rescate estatal, cuando simultáneamente el Gobierno anda diciendo que es prohibido bajar sueldos? No se verifica plena coherencia entre el discurso económico, el político y el discurso laboral.

Entonces el rescate parece poca cosa, honestamente, porque te prestan dinero para pagar sueldos, tal vez incompletos, para un par de meses cuando los efectos de una crisis global pueden ser devastadores, especialmente para el sector turismo, servicios hoteleros y de alimentación, servicios inmobiliarios, casas periodísticas, sin siquiera mencionar a los informales que viven día por día. En otros países, los gobiernos están liberando dinero para apoyar a que la producción no se desconecte de los mercados que emerjan y de las obligaciones laborales, asegurando evitar despidos tempranos por desesperación a un sombrío futuro inmediato.

En este escenario, lo mas apropiado sería activar el dialogo tripartito, obligatorio en Bolivia por convenios ratificados sobre el tema con la Organización Internacional del Trabajo, para resolver esta clase de situaciones donde se están jugando los intereses y el futuro de trabajadores y sus familias, y de emprendedores empresarios y sus esfuerzos, sueños, ilusiones y capital. Todos perdemos, incluyendo las arcas estatales receptoras de los impuestos, junto al sistema de seguridad social que colecta aportes. No hay que desconocer que el tripartismo ha estado alejado totalmente los últimos 14 años porque como política estatal solo se ha escuchado a una parte, los trabajadores; sin embargo, nada impide desempolvarlo ahora.

Concordantemente, el presente problema de probable desempleo masivo debería ser analizado por lo menos en siete niveles y no con un genérico plan de emergencia y apoyo al empleo: a) microempresarios y empresas familiares; b) emprendimientos unipersonales, entre los cuales están, por ejemplo, profesionales independientes como abogados, contadores, sastres o peluqueros; c) pequeñas y medianas empresas en cualquier rubro, sobre todo servicios; d) fabriles y productores de bienes; e) constructoras (que consumen vasta mano de obra, no necesariamente formal, y cuya gama incluye variedad de tamaños llegando hasta la gran empresa constructora); f) servicios de alimentación y hospitalidad, incluyendo hoteles, hostales, pensiones y restaurantes que son los más golpeados, y que ni siquiera saben si van a tener clientes por meses a futuro y que por la incertidumbre son los que probablemente han hecho más despidos; y g) la industria de la diversión y entretenimiento como cines, teatros, museos o eventos deportivos en vivo que no tienen en el corto plazo oportunidades de levantarse, obligándoles a su cierre. Con esta rápida categorización se puede ver que el accionar unilateral de rescate estatal es parcialmente útil pero muy vacío, mal llevando hacia una forzada garantía de estabilidad laboral como objetivo que no se podrá cumplir. La Cainco (Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz) calcula que se requiere una inyección bien ejecutada de $us 8.000 millones para enfrentar adecuadamente la situación.

Considero que debemos llegar a un punto donde el Gobierno tenga que inmediatamente sentarse con los sectores y preguntar por rubro sobre sus problemas y preocupaciones para hallar soluciones individualizadas. Se trata de una mesa tripartita donde el que puede disponer de recursos y tiene la obligación de velar por la economía nacional y por el empleo reúna a trabajadores mediante sus federaciones o confederaciones como la Central Obrera Boliviana (COB) y, por el otro lado, a los empleadores mediante sus cámaras, asociaciones y representaciones. Luego canalizar recursos para otros sin representación, que pueden ser la vasta mayoría indocumentada de actores económicos informales.

– ¿Por qué creo que no viene ocurriendo todo esto?

– Si vemos estadísticas, una pequeña parte de la población tiene trabajo asalariado fijo en el sector privado. Se trata de un aproximado de 18 a 20% de la población nacional. Se habla de otro 20% compuesto por funcionarios públicos y conexos, y un restante 60% en calidad de informales, comerciantes, campesinos y otros actores que no tienen una matrícula de comercio, número tributario o exención respectiva, aportes de jubilación o documentos que le den una mínima formalidad a la actividad que desarrollan, poniéndoles en una ficticia invisibilidad que también se refleja en el mencionado plan de emergencia y apoyo al empleo gubernamental. Aquel 20% de empleados asalariados parece pequeño en relación al universo, mirada que —si fuera el caso— ignora su aporte impositivo, especialmente el Impuesto a las Utilidades de las Empresas. De manera contraria, si se invitara a este grupo a entablar un diálogo social, se podría emitir los complementos o reglamentaciones al Decreto Supremo 4216, para bien del sistema en su conjunto. Me da la impresión que la solución para por este canal.

— Esa es la salida que propone: tripartismo y medidas sectoriales…

— En el ámbito laboral el diálogo social y el tripartismo se fundamentan en el presupuesto de que las decisiones relacionadas con políticas económicas y sociales deben atender los intereses y puntos de vista de sus principales actores económicos: el Estado nacional mediante el respectivo gobierno de turno, los trabajadores y los empleadores de un país. Estudios encaminados por la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) han mostrado que los países que cuentan con instituciones de diálogo social efectivas y sólidamente establecidas lidian mejor con crisis económicas, sociales y políticas. El caso presente es la mejor prueba de fuego para que ello se verifique localmente. Se buscaría generar dinámicas sociales que fortalezcan la resiliencia poscuarentena, sin olvidar que todavía hay un virus suelto en la calle que nos puede traer sorpresas, pero que de ésta o salimos todos o nadie sale.

Contrariamente, sesgos gubernamentales pro una de las partes, como ha venido ocurriendo los últimos 14 años en el país, cultivan la informalidad, el desempleo, la poca resiliencia, la desprotección social, la disminución de la renta nacional, la caída del trabajo decente, las desigualdades económicas, sociales y de género. Se deja el mercado laboral a la deriva porque el que no ha sido escuchado buscará la protección directa o indirecta de sus intereses, formal o informalmente. Nuestro país ya tiene un mal antecedente sobre el tema porque la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo reclamó hace un par de años sobre la ausencia de mecanismos de fijación tripartita del salario mínimo nacional en Bolivia, en desobediencia al ratificado Convenio 131 sobre el tema. Pocos países tienen un extremadamente viciado sistema nacional respecto a un tema tan delicado.

El Gobierno, mediante el Ministerio de Trabajo, debería organizar las mesas mencionadas, asegurar la amplia participación y las garantías de un diálogo eficaz, constructivo y pacífico, antes que la pandemia termine contagiando al empleo y/o aparezca la aplanadora ministerial fotocopiando masivamente órdenes de reincorporaciones contra empresas que ya no existen, son insostenibles o interrumpieron su funcionamiento. El socialismo se acaba el día que el dinero ajeno se acaba y se pueden imponer cuantas reinserciones permita el papel, pero en la realidad pocos son los casos que terminan en buen puerto dado que empleadores y trabajadores son humanos que primero tienen que convivir cada día en el lugar de la faena.

— ¿En esta mesa tripartita se puede tratar también el tema del incremento salarial?, algo que parece ilusorio en las condiciones actuales…

— Desde 2006, mediante el sorpresivo Decreto Supremo 28700 del 1 de mayo, se aplicaron incrementos generales sin tomar en cuenta la especificidad ya regulada desde 1939 en la Ley General del Trabajo, que indica en su artículo 52 que serán determinados por sectores de la economía y por regiones geográficas del país. Para las autoridades de la época todos crecían en 5%, 12%, etcétera. Por su parte, ya se ha escuchado la petición de la Central Obrera Boliviana, agrupando a todos los sindicatos del país, exigiendo la instalación en los próximos días de la negociación formal sobre el incremento salarial 2020, pidiendo un 10% al haber básico y un 15% al salario mínimo nacional. La respuesta oficial apuntó a que el Gobierno se esforzará por lograr un equilibrio entre intereses sindicales y empresariales en el actual escenario de emergencia nacional, con lo cual podemos entender que hay una buena oportunidad y predisposición gubernamental para el antes mencionado diálogo social tripartito que puede y debe escalar hacia la efectiva y real protección del empleo poscuarentena como algo más urgente, abandonando caprichos de parte y discursos inertes.

Finalmente, el Ministro de Salud indicó que a menos que una vacuna sea hallada, tarde o temprano todos vamos terminar contagiados de coronavirus, siendo que lo que se busca por lo pronto es evitar es que lo hagamos al mismo tiempo, colapsando el sistema de salud. En este contexto, adquiere especial relevancia la contribución empresarial con puestos laborales seguros y estables, pago de impuestos y aportes a la seguridad social, además de sensación de bienestar social ante un desolador panorama global. Si el caballo que tira el coche estatal está ágil, todo se mueve mejor en una relación ganar-ganar. En suma, no contagiemos de coronavirus al empleo por inactividad o silencio.

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Reglamentaciones para plan de empleo y apoyo a MyPES

Las reglamentaciones de para el plan empleo, que consiste en un crédito blando para el pago de planillas a empleados, por un período de 18 meses, y el apoyo a la reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas, estarán listas la próxima semana, anunció el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, en conferencia de prensa.

Informó que hasta este fin de semana esperan terminar ambas normativas y poner en marcha, los planes de empleo y apoyo a las MyPEs, la próxima semana. Aseguró que los recursos están garantizados.

Hace dos semanas atrás la presidenta Jeanine Añez informó de la ampliación de la cuarentena hasta el 30 de abril y de dos planes para preservar el empleo, uno consiste en un préstamo para el pago de planillas por dos meses y otro de apoyo a la micro, pequeñas y medianas empresas, con la creación de un fondo de 1.500 millones de bolivianos.

El préstamo está destinado a cubrir dos meses de salarios, a un plazo de 18 meses, los primeros seis meses no se pagan capital ni intereses; mientras el crédito a las MyPEs será para un periodo de cinco años, y el primer año no es de gracia.

La cuarentena provocada por la propagación del Covid-19 ha provocado la paralización de las actividades económicas a nivel nacional, claro está con excepción para las industrias de alimentos. La decisión apunta a inyectar mayor liquidez a la economía nacional.

El Gobierno busca que el impacto de la cuarentena sea menor, y más bien velar el empleo y la economía nacional, que implica a las empresas.

Sin embargo, en las últimas semanas se escribieron en las redes sociales denuncias de despidos en algunas empresas de servicio, así como alertaron del cierre de pequeños emprendimientos debido a la falta de actividad económica.

Los pequeños emprendimientos esperan que las autoridades nacionales puedan intervenir en el tema de los alquileres, aunque el ministro de Economía, José Luis Parada, aclaró que el tema es entre privados, sin embargo, la autoridad anunció que trabajan en todos los ámbitos para ayudar al sector empresarial.

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Gobierno espera que la Asamblea trate el proyecto de ley de ‘perdonazo’ tributario

En el marco de las acciones asumidas para mitigar el impacto del coronavirus en la economía, el Gobierno aguarda que la Asamblea Legislativa trate el anteproyecto de ley del denominado “perdonazo tributario 2020”. Con la propuesta se busca un alivio de hasta Bs 41.000 millones para las empresas contribuyentes en caso de deudas, intereses y multas por omisión de pago de impuestos.

El proyecto entregado en marzo por la presidenta Jeanine Áñez se constituirá, dijo el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, en otra de las medidas para atenuar los efectos de la pandemia en las empresas nacionales, al reducir las multas en hasta 90%.

“Tenemos en la Asamblea el proyecto de ley del “perdonazo” que beneficiaría a muchas empresas (…) y sería una solución ante la presión (tributaria) que había antes”, afirmó este domingo Parada en el programa El ABC de los Bonos, emitido por el canal estatal BTV.

La autoridad explicó que “había deudas por Bs 41.000 millones por término de prescripción. Hasta 2004, la prescripción de revisión de facturas balance era de cuatro años y el anterior Gobierno discrecionalmente la subió a ocho”. Frente a ello, el anteproyecto presentado por el Ejecutivo a la Asamblea “regulariza” y establece nuevamente los cuatro años de prescripción con una reducción del 90% de las multas, precisó Parada.

Como ejemplo señaló que con la anterior normativa, una factura de Bs 200 (con error en su declaración), en un tiempo de seis años se incrementaba a entre Bs 2.500 y Bs 4.000, por multas y cobros de “intereses sobre los intereses”, además en UFVs (Unidad de Fomento de Vivienda). “Era un abuso lo que se tenía”.

Medidas asumidas por el SIN

A la fecha, ante la emergencia por el coronavirus, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), mediante resoluciones que datan de finales de marzo, dispuso prorrogar la declaración y el pago de obligaciones tributarias mensuales de los periodos fiscales de febrero y marzo de 2020 hasta los vencimientos establecidos para el periodo fiscal de abril de la presente gestión, en función al último dígito del Número de Identificación Tributaria.

Asimismo, prorrogó hasta el 30 de abril de 2020 el vencimiento para el pago de cuotas de planes de facilidades de pago, fenecido el 28 febrero de 2020, así como el que fenecerá el 31 de marzo del año en curso.

De igual forma, amplió hasta el 11 de mayo de 2020 el plazo para el cumplimiento de obligaciones formales, como el envío del Libro de Compras y Ventas IVA, Agentes de Información y otras establecidas en la normativa específica, con vencimiento en marzo y abril del año en curso.

El SIN prorrogó además hasta el 11 de mayo las obligaciones del Régimen Tributario Simplificado del bimestre de enero y febrero de este año, y amplió hasta el 29 de mayo el plazo para la presentación de Declaraciones Juradas, pago de impuestos y cumplimiento de deberes formales del Sistema Tributario Integrado correspondiente al periodo fiscal de marzo de 2020.

Reglamentación con el que se obtendrá créditos para pagar sueldos estará lista en una semana

El ministro de Economía, José Luis Parada, anunció este domingo que la reglamentación del Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral y el Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, establecidos por el Decreto Supremo 4216, estará lista en una semana. Con esta norma, los empleadores podrán obtener créditos con el fin de pagar los sueldos a sus trabajadores. Pero las empresas ya pueden ir definiendo los planes con las entidades bancarias.

“Estamos trabajando a marcha forzada. En una semana más¿ tendremos toda la reglamentación para implementar el decreto. Pero aquellas empresas que trabajan con alguna entidad bancaria, ya pueden comenzar a acercarse y ver algunos mecanismos para ir aclarando este tema”, manifestó la autoridad económica.

El decreto

El DS 4216 establece el Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral, con el fin de otorgar recursos a las empresas legalmente constituidas y que sus trabajadores estén registrados en el Sistema Integral de Pensiones, a fin de permitir un apoyo en el pago de los salarios de los trabajadores de las empresas, dada la emergencia sanitaria nacional y cuarentena total.

El plan se realizará mediante la otorgación de créditos a través del sistema financiero, por un monto equivalente a dos salarios mínimos nacionales (Bs 4.422), por trabajador, por mes, por un máximo de dos meses. Los créditos serán de carácter concesional, con un plazo de hasta 18 meses y con seis meses de gracia.

La normativa también instituye el Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con el fin de asegurar recursos para precautelar las fuentes de empleo, el funcionamiento, continuidad del negocio y sus operaciones.

El Gobierno destinará hasta Bs 1.500 millones y los créditos se otorgarán a cinco años plazo, con un año de gracia. La tasa de interés y condiciones serán establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de la reglamentación.

Delivery, una alternativa de venta en tiempos del COVID-19

Hubo un tiempo en Tarija en que los ciudadanos cuando querían comer, beber o comprar algún producto debían dirigirse al lugar del servicio o hacer un pedido por radio móvil llamando a su número fijo. En tiempos de cuarentena y aislamiento obligatorio por el coronavirus (COVID-19) la manera de comprar y vender también sufrió una trasformación casi obligatoria.

Los propietarios de la cerveza artesanal Mystica, Andreé Riera y Fabián Tavera, optaron por realizar un servicio a domicilio sin costo adicional. Debido a la cuarentena estandarizaron los precios de las cervezas a 14 bolivianos la presentación de 330 mililitros (ml) y 18 bolivianos las botellas de 500 ml. Los pedidos se realizan con anticipación al teléfono 71190510.

“Somos una Pyme (pequeña y mediana empresa) en la que trabajan cuatro personas. Tenemos una microfábrica de cerveza en Tolomosita y ante la imposibilidad de vender nuestro producto en bares o tiendas especializadas optamos por sistema de hacer delivery seguro para nuestros clientes. Por supuesto, con todas las medidas de seguridad sin violar la cuarentena ya que solo entregamos en la mañana y los días que podemos salir con nuestro carnet. El desafío en tiempos del COVID-19 es ser creativo y poder ofrecer este servicio a la gente que como nosotros comparte el gusto por la cerveza artesanal y no la puede comprar”, manifestó Tavera.

Por otro lado, uno de los propietarios de A Toda Pizza, Juan Ellena, explicó que su negocio lleva un corto tiempo desde su inicio, por lo que la cuarentena adelantó los planes que tenía. Sin embargo, con un poco de esfuerzo y ganas de seguir en el rubro optó por realizar entregas a domicilio. Los pedidos se realizan al número 65830683.

“A Toda Pizza es una empresa familiar que está iniciando. Hacemos pizza casera con mucho amor. Estamos entregando la pizza tradicional, que es con mozzarella y tomate. Viene precocinada y congelada. Los clientes hacen los encargos de un día para el otro y las entregas se hacen en bicicleta. La idea es ir creciendo y hacer nuevas ofertas como tortas, queques, bombitas rellenas con crema, pastafloras y pan de leche. Queremos anexar una minipanadería”, indicó.

En la misma línea se encuentra el emprendimiento de CasaCreart y Panadería La Nona que ofrece pan de prepizza a cinco bolivianos la unidad, pan integral con multisemillas a 10 bolivianos de 550 gramos, pasta fresca a 25 bolivianos el paquete, y también prepizzas con mozzarella a 30 bolivianos la unidad. Los pedidos con anticipación se pueden realizar al número 65810621.

Apps para hacer cualquier tipo de pedidos en Tarija

Antes de la cuarentena, una serie de aplicaciones que cumplen la ficción de llevar cualquier tipo de pedido a casa empezaron a funcionar en Tarija. Las aplicaciones de móvil se las descarga a través de Play Store de Google. Yaigo es una de las aplicaciones más requeridas.

“Tu tiempo es importante, disfrútalo haciendo lo que más te gusta, siendo productivo en tu trabajo o pasando tiempo con tu familia o amigos. Nosotros nos encargamos de hacerte llegar lo que necesites a la comodidad de tu hogar u oficina”, es el mensaje que presenta en sus redes sociales. Además es una plataforma que permite a universitarios o personas que requieran un trabajo temporal por el tiempo de cuarentena solicitarlo como repartidores.

Ellos transportan desde medicamentos, alimentos y otros productos que el comprador requiera que no sean carga pesada porque se transportan en motocicletas. El costo adicional por viaje depende del recorrido que deba hacerse.

Quince pequeñas empresas se preparan para elaborar barbijos, cofias y trajes de bioseguridad

La demanda de barbijos, cofias y trajes de bioseguridad por la pandemia de Covid-19 en el país ha generado una oportunidad de negocios para 15 pequeñas y microempresas que se preparan para elaborar estos implementos con los requisitos de la organización Mundial de la Salud (OMS), informó la presidenta de la Cámara de la Pequeña Industria y Artesanía Productiva de Cochabamba (Cadepia) Luz Mary Zelaya.

Ante la demanda de estos implementos, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) solicitó a Cadepia colaborar con la confección de estos implementos para el personal de salud.

Zelaya explicó que las microempresas están recibiendo asesoramiento de profesionales especializados en el tema, para elaborar estos implementos de acuerdo con las características necesarias para la protección del personal de salud.

“Entonces, se debe tener mucho cuidado con el tipo de trajes que se van a realizar porque debemos ayudar a los médicos para que ellos no se contagien. Se está trabajando con un grupo de textileros y personas que conocen las telas y procedimientos”, dijo la representante de los pequeños empresarios.

Explicó que la prioridad será confeccionar barbijos y cofias, “que es lo que más se necesita”, pero estos implementos deben cumplir estándares de calidad y normativas internacionales.

Empresas grandes y Mypes advierten de colapso, afectados por la emergencia sanitaria

Los exportadores, industriales y las medianas y pequeñas empresas (Mypes) advirtieron este martes sobre una inminente iliquidez e insolvencia de las empresas nacionales de similares características a la que se sentirá a escala mundial, como efecto de la emergencia sanitaria aplicada por la pandemia del Covid 19. Piden al Gobierno apoyo inmediato para evitar el cierre de las unidades productivas.

Basado en un estudio del instituto JP Morgan Chase, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) señaló que a escala internacional el 50% de las empresas tienen una capacidad en torno a los 27 días para continuar cumpliendo sus obligaciones salariales, crediticias, tributarias, pago a proveedores, pagos a la seguridad social, etc., si sus ingresos se paralizan (amortiguación de efectivo) en la actual emergencia sanitaria del coronavirus.

“Para evitar que las empresas en Bolivia, como sucede a escala internacional, ingresen en iliquidez e insolvencia que los conduciría al cierre de sus actividades, paralización de la producción y pérdida de empleo productivo. La CNI remitió a la presidente Jeanine Áñez un conjunto de medidas de estímulo fiscal y una propuesta de creación del Fondo de Estabilidad Productiva Industrial. Las Industrias requieren del apoyo estatal para operar en la emergencia sanitaria del coronavirus”, manifestó el presidente de la CNI, Ibo Blazicevic.

Plan de Contingencia

Por su parte, la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), pidió mayor coordinación ente las instancias del Órgano Ejecutivo con las entidades que intervienen en los procesos de comercio exterior, exportaciones e importaciones y logística de transporte de carga internacional y nacional para enfrentar esta crisis sanitaria. El objetivo es garantizarse el flujo regular del transporte de cargas y los servicios colaterales (depósitos aduaneros y depósitos de contenedores de carga).

“La Caneb considera necesario diseñar un plan de contingencia con aplicación a nivel sectorial y territorial, que permita mitigar las consecuencias económicas de mediano y largo plazo que tendrá la pandemia sobre el aparato productivo nacional, velando por la salud de nuestras empresas”, señala un comunicado.

De esta manera, se busca no poner riesgo el sostenimiento del empleo y la fuente de reservas internacionales del país. Proyecta que muchas empresas ingresarán en el corto plaz en una situación de iliquidez y otras dificultades financieras por lo que “se debe prever la aplicación de medidas excepcionales y temporales que les permita acceder a un financiamiento flexible, que contemple bajos intereses, periodo de gracia pagaderos a plazo y con garantías razonables”.

Asimismo, piden considerar flexibilidades y diferimientos para el cumplimiento de obligaciones laborales, como el pago de aportes a las cajas de salud, aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), beneficios sociales, salarios, entre otros.

Perjuicio total

La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) develó que la iniciativa de las unidades productivas de las Mypes y otros sectores ya están totalmente perjudicadas por la pandemia del coronavirus, ya que la producción se paralizó.

“Se tienen que aplicar medidas para que las Mypes puedan empezar nuevamente a producir cuando esto acabe. El Ministerio de Desarrollo Productivo debería empezar a estudiar la creación de un fondo de solvencia productiva para las Mypes. Ese fondo estaría destinado a inyectar recursos económicos a todos los rubros para reactivarlas en torno a la producción, amortiguar cuotas de créditos, el tema impositivo, la compra de materia prima. A la vez, el fondo tendría que esperar unos buenos años para su devolución”, indicó Néstor Sandy, presidente de Conamype.

Para que no haya problemas con despidos de sus trabajadores, Sandy propuso que el Gobierno facilite la aplicación de convenios internos entre los trabajadores y los empleadores.

Unas 100.000 micro y pequeñas empresas se declaran en quiebra en Bolivia

Una situación crítica vive el sector de las micro y pequeñas empresa. Por la emergencia sanitaria que vive el país 100.000 unidades productivas se declararon en quiebra, informó este martes la Confederación de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype). El sector pidió al Gobierno crear líneas de crédito para reactivar al sector, una de las primeras víctimas económicas de la pandemia.

Desde el 22 de marzo el país vive una emergencia sanitaria que obligó al Gobierno a dictar una cuarentena total, para evitar la expansión del virus. La medida frenó todas las actividades económicas y muchas empresas tuvieron que cerrar.

Si bien el objetivo es resguardar la salud de las personas ha dejado secuelas graves en la economía. Néstor Conde, presidente de Conamype, dijo que, por la paralización de actividades, a escala nacional, 100.000 empresas, tanto formales como informales, tuvieron que declararse en quiebra debido al nulo flujo de circulante que ocasionó la medida.

Detalló que, en promedio, cada empresa emplea hasta cinco personas, esto equivale a 500.000 fuentes de empleos de forma directa que se han perdido.

En todo el país, según Conde, operan 600.000 empresas del sector, que corren el riesgo de no volver a operar. Por eso, para resguardar el empleo que generan las mypes, el dirigente plantea que el Gobierno establezca una línea de crédito para que las unidades productivas se puedan reactivar.

Dejó en claro que el sector no quiere bonos, pero sí facilidades en préstamos; con tasas de hasta un 6% y un periodo de gracia de al menos seis meses.

Sin embargo, adelantó que no todas las empresas comenzarán a trabajar, una vez que se levante la cuarentena, con todo su personal. “Si antes se trabaja con diez personas ahora lo harán con cinco lo mínimo”, explicó.

Sobre el futuro, el dirigente dijo que “se viene un panorama oscuro” para el sector.

Trabajo inspecciona empresas denunciadas por despidos y recorte de salarios

La Dirección General del Trabajo inspecciona a las empresas que son denunciadas por hechos de despido y reducción de salarios a sus trabajadores. Esta dependencia estatal aclaró que durante el tiempo de cuarentena por el coronavirus, está prohibido efectuar estas irregularidades y por el contrario se debe garantizar la estabilidad laboral.

“No hemos dejado de hacer inspecciones porque las jefaturas departamentales en todo el país tienen la instrucción de atender todas estas denuncias”, dijo el director General del Trabajo, Sergio Cardozo, en contacto con radio Panamericana.

Explicó que a la fecha se habilitaron dos correos para que los trabajadores puedan realizar sus denuncias y una vez se levante la cuarentena en el país todos los casos serán atendidos, ya que por el momento solo se trabaja con equipos reducidos en las distritales departamentales. “Seguramente vamos a tener un gran número de quejas, de denuncias y estamos preparándonos para operar con la mayor celeridad posible”.

Aclaró que las normas decretas por el Gobierno, como establece la disposición adicional tercera del Decreto Supremo 4199 del 21 de marzo de este año, señala que los sueldos, salarios a los servidores públicos, trabajadores y todo personal que preste funciones en el sector público y privado en el país están garantizados.

El miércoles, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emitió un comunicado en el que recuerda a los empleadores y trabajadores que la estabilidad laboral está garantizada al igual que el pago de sueldos y salarios, pese a la parálisis de buena parte del país que está en cuarentena desde el 22 de marzo.

El Gobierno analiza crear un fondo de apoyo a la mype

El financiamiento provendría de la cooperación internacional

El Ministro de Economía y Finanzas Públicas analiza junto al Banco Central de Bolivia (BCB) la creación de un fondo financiero para la micro y pequeña empresa (mype) golpeado por la emergencia sanitaria nacional causada por el brote del COVID-19.

“Dependiendo de cómo está el tema del coronavirus y el apoyo internacional, vamos a tratar de generar un fondo para la pequeña y mediana empresa”, indicó este domingo el titular de esa cartera, José Luis Parada, en una entrevista en BoliviaTv.

La autoridad dio también a conocer que debido a la cuarentena se ordenó la reprogramación de los pagos de las deudas para los microempresarios, de tal manera que se garantiza el funcionamiento del aparato productivo

Un aspecto que resaltó es que se suspendió el pago del IUE hasta fines de mayo para que las empresas cuenten con liquidez. “No se pagó el impuesto a las utilidades de las empresas (IUE), que es uno de los impuestos más altos que recauda el Estado y que paga la empresa. Esa liquidez se queda en las empresas”, indicó. (05/04/2020)

Guayaramerín, en vilo por falta de alimentos en medio de la emergencia sanitaria

Acatan la cuarentena, pero lo que los tiene atemorizados es la ausencia de alimentos. Hay pocos y lo que queda tienen el precio "por las nubes"; por ejemplo, un kilo de tomates está a Bs 17. La escasez no solo afecta al abastecimiento de verduras, sino también a otros productos básicos de la canasta familiar como huevos, pollo, queso y otros lácteos. La vida diaria de Guayaramerín (Beni) se ha visto afectada de esta manera por el coronavirus.

"Como las fronteras están cerradas y no hay facilidad para el abastecimiento. Conversamos con autoridades de Brasil para facilitar la llegada de alimentos y porque hay ciudades cerca, hay disposición. Pero el problema está en Bolivia. Aquí en el país no entienden lo que cuesta que lleguen alimentos desde otros departamentos y cuando llegan están a precios a los que las familias no pueden acceder", lamenta Freddy Arteaga, un comerciante del mercado de Guayaramerín.

Otro vecino, Mario Marañón, sostiene que el principal problema son los alimentos perecederos, ya que los no perecederos como el arroz o el aceite llegan en carretas, pero no es constante. Según su criterio, el hecho de que este municipio de 40.000 habitantes carezca de empresas comerciales hace que no haya interés para el abastecimiento. "Creo que somos la única frontera pobre y olvidada, solo aquí ocurre esto", sostuvo.

La situación también es reconocida por el presidente cívico de Guayaramerín, Juan Carlos Medonza, quien teme que la convulsión social no llegue a raíz del Covid-19 (por fortuna no hay casos positivos en el municipio), sino por la falta de alimentos y por los precios caros de lo que hay disponible. Considera que con mecanismos que liberen aranceles para el ingreso de productos desde Brasil se podría paliar esta situación.

"Hay expectativas por los contactos que tuvimos con las autoridades, pero hasta ahora no hay respuesta. No nos surtimos del mercado nacional por las distancias y más por la dificultad que hay en el tema logístico por la cuarentena. Estamos acatando las medidas del Gobierno, pero en los próximos días esto puede ser insostenible", manifestó el cívico en un contacto con EL DEBER.

Por su parte, el intendente municipal, Enrique Ibáñez, sostuvo que las autoridades visitaron almacenes y centros de abastecimiento. Evidenciaron que faltan alimentos y lo que hay podría alcanzar para los siguientes 10 días. El funcionario indicó que en Guayaramerín también se abastecen comerciantes y personas de comunidades y municipios vecinos, como Riberalta.

NACIONAL SEGUROS CONVIERTE AL MICROEMPRESARIO EN GERENTE

Con el fin de convertir a cada microempresario de Bolivia en un gerente Pyme, la compañía Nacional Seguros les otorgará formación especializada y una certificación, junto con las herramientas más adecuadas para mejorar la administración de su negocio. El programa Gerente Pyme tiene una duración de dos meses y abarca diferentes áreas muy necesarias para la formación y gestión de una microempresa, entre ellas: el rol del dueño del negocio, principios del negocio, definición del mercado, definición del producto o servicio, promoción y ventas, atención al cliente, negociación, costos, presupuesto, flujo de caja y acceso a financiamiento, entre otras, dice un boletín informativo de Nacional Seguros.

Con su certificación de Gerente Pyme, el microempresario tendrá varios beneficios, como asesoramiento continuo durante el programa con coaches asignados a través de chat online y WhatsApp, flexibilidad de tiempo, ya que su metodología es no presencial, negocio con modelo financiero y acceso a financiamiento, así como acceso a la Red Nueva Empresa de pequeños empresarios y emprendedores de Latinoamérica, añade el documento.

Pero además de certificar a cada microempresario como Gerente Pyme, con su nuevo producto Negocio Seguro, Nacional Seguros ofrece cobertura multirriesgo a las pequeñas y medianas empresas, sino que gracias a este novedoso seguro, las Pymes estarán respaldadas ante cualquier imprevisto, dice la aseguradora.

“Nuestra compañía está comprometida con la ampliación y diversificación del acceso a los seguros, cubriendo las necesidades de todos los bolivianos y en este caso de los microempresarios, uno de los sectores más dinámicos de nuestro país”, destacó Jorge Hugo Parada, gerente general de Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas.

Dos jóvenes, Nelson y Cristian, hacen equipo y se movilizan por los más vulnerables

En tiempos difíciles como el actual, cuando la amenaza orilla a la mayoría a pensar en sí misma, las buenas acciones también afloran. Sin proponérselo, Nelson Ustariz y Cristian Fournier terminaron formando equipo para ayudar a quienes son más vulnerables al coronavirus: los adultos mayores, las personas en situación de calle y aquellos con dificultades para sustentarse a diario en medio de la crisis sanitaria.

“Cuando creas que la fe en la humanidad está perdida, te pido acordarte de este hecho: su nombre es Cristian Fournier y viajó 30 km (ida y vuelta) a pie y bajo el sol, desde El Alto hasta la zona Sur (Achumani), para cumplir con un noble propósito: entregarme 300 barbijos, que junto a otros insumos de higiene donaré para el cuidado de nuestros adultos mayores del asilo San Ramón y para los que se encuentran en situación de calle”. Este es el mensaje que Nelson posteó a las 11.05 del viernes 27 de marzo en Facebook, acompañado de una fotografía de ambos. Así, agradecía públicamente el gesto de Cristian.

Era una historia por contar. Dos jóvenes dando ejemplo de solidaridad y compromiso. Hasta entonces, ellos no eran amigos, pero ahora no solo han creado lazos de amistad, sino que tienen varios planes juntos. Nelson, de 31 años, es ingeniero en Sistemas, emprendedor y vive en Cochabamba, sin embargo debido a las restricciones por la cuarentena se quedó en La Paz con su papá y su hermana. Al ver la evolución de la enfermedad se propuso aportar con algo al cuidado de un grupo de adultos mayores. Cristian, de 32 años, es empresario junior, comunicador y marketinero. Como promotor de pequeños empresarios, él fue el contacto entre el cliente y los productores de textiles de El Alto.


La evidencia ha demostrado que el COVID-19 se ensaña con los adultos mayores. Desde China, pasando por Europa, hasta América, la mayoría de las víctimas fatales son ancianos. El distrés respiratorio, causado por el virus y que impide al oxígeno llegar a los pulmones, les quita la vida; la ciencia considera que la explicación está en el debilitamiento de su sistema inmunitario, producto de su avanzada edad.

“Uno no puede ser indiferente ante lo que sucede y lo que nuestros adultos mayores más necesitan es evitar contraer el virus. De allí la iniciativa de donar barbijos y kits de limpieza, no solo para ellos sino para quienes los atienden”, explica Nelson. Eligió al asilo San Ramón porque su mamá, a la que perdió hace menos de un año y en quien se inspira para crear una fundación, solía apoyar a esta institución.

Como los barbijos literalmente desaparecieron de las farmacias, Nelson buscó en Facebook a proveedores de este producto y luego de haber contactado a 35 personas –“las tengo contadas”, afirma– dio con Cristian, quien fue el único que se animó a moverse de un lado a otro de ambas ciudades a fin de entregar el pedido.

Cerraron el trato por 200 barbijos, pero terminaron siendo más. Éstos fueron elaborados en la urbe alteña y, dada la distancia, el plan era encontrarse el viernes 27 en inmediaciones de la universidad Católica, así, ambos hacían su propio recorrido hasta Obrajes. Pero un día antes, la Presidenta endureció las restricciones de circulación y dado que la cédula de identidad de Cristian termina en cero, él se animó a hacer todo el trayecto: subir del Cementerio (que es donde vive) a El Alto a recoger la mercadería, y de allí bajar hasta Achumani.

“Nelson me contactó tres días antes de esta aventura. Convencí a los textileros de producir los barbijos en tiempo récord porque se trataba de una obra de caridad y aceptaron; incluso hicieron un stock extra de regalo. El día de la entrega salí cerca de las 07.00 de mi casa rumbo al regimiento Ingavi de El Alto, que es la zona donde se produjeron los barbijos, y de allí bajé hacia Achumani. Llegó un punto en que me perdí y, precisamente, eran los adultos mayores los más amables en explicarme el camino. Fue una travesía de siete horas hasta regresar a casa, acalambrado”, cuenta Cristian

El esfuerzo de ambos valió la pena. Este martes 31 de marzo, día en que Nelson tenía permiso de circulación, su aporte fue entregado al asilo San Ramón. 250 barbijos, 100 pares de guantes y 60 kilos de víveres, entre harina, fideo, azúcar y arroz para sostener el cuidado y la preparación de los alimentos de los albergados en este centro. “Lastimosamente me faltaron varios insumos por cuestiones de desabastecimiento y transporte. Sé que es algo ínfimo en medio de toda esta gran crisis mundial, sin embargo no podemos ser indiferentes (…).Actualmente, el asilo alberga a cerca de 300 ancianitos de toda clase social. Los atienden una orden de 14 hermanas”, posteó el jueves.

La acción de Nelson y el esfuerzo de Cristian para que ésta se concretara se hizo viral en redes sociales y ambos fueron contactados para sumarse a un grupo de voluntarios en torno a “Somos un mismo corazón”, iniciativa liderada por la municipalidad de La Paz y que también prioriza la atención al adulto mayor.

En estos afanes se les unió Luis Fernando Ilaquita, otro marketinero gracias a quien pueden llegar a grupos vulnerables de El Alto. Ahora, a este trío se le ocurrió conseguir donativos para armar canastas familiares, por valor de Bs 170 cada una, que contendrán alimentos básicos y nutritivos (avena, quinua, leche, tomate, frutas y otros). La idea es llegar a algunos de quienes no reciben ninguno de los dos bonos que entrega el Gobierno en esta coyuntura.

“Nuestra próxima actividad será el martes 7 de abril, estaremos entregando 200 canastas a familias que se hayan quedado sin alimentos en la ciudad de La Paz”, adelanta Cristian. Para el control de las donaciones harán un reporte digital de los depósitos y las compras, y registrarán la distribución en videos. La crisis sanitaria y sus consecuencias económicas dejarán huella profunda. A Nelson le preocupa el futuro de su propio emprendimiento. “No es que me sobre dinero ni mucho menos (en referencia al donativo), como muchos pertenezco al grupo de empresarios pymes (pequeña y mediana empresa), y no es novedad para nosotros debatirnos entre el éxito y el fracaso. No percibimos un sueldo ‘seguro’ y debemos cumplir con pagos a todos nuestros colaboradores, es un hecho que estaremos duramente golpeados una vez superemos esta crisis”, se lamenta. No obstante, llama a todos a reflexionar para que lo sucedido deje como lección de vida la importancia de ser “mejores humanos”. (02/04/2020)

Video Una camioneta de la alcaldia de La Paz anuncia Mercado Movil en Miraflores el viernes 10

El Gobierno analiza crear un fondo de apoyo a la mype

El financiamiento provendría de la cooperación internacional

El Ministro de Economía y Finanzas Públicas analiza junto al Banco Central de Bolivia (BCB) la creación de un fondo financiero para la micro y pequeña empresa (mype) golpeado por la emergencia sanitaria nacional causada por el brote del COVID-19.

“Dependiendo de cómo está el tema del coronavirus y el apoyo internacional, vamos a tratar de generar un fondo para la pequeña y mediana empresa”, indicó este domingo el titular de esa cartera, José Luis Parada, en una entrevista en BoliviaTv.

La autoridad dio también a conocer que debido a la cuarentena se ordenó la reprogramación de los pagos de las deudas para los microempresarios, de tal manera que se garantiza el funcionamiento del aparato productivo

Un aspecto que resaltó es que se suspendió el pago del IUE hasta fines de mayo para que las empresas cuenten con liquidez. “No se pagó el impuesto a las utilidades de las empresas (IUE), que es uno de los impuestos más altos que recauda el Estado y que paga la empresa. Esa liquidez se queda en las empresas”, indicó. (05/04/2020)

Emprendedores podrán capacitarse en línea desde este lunes

Material bibliográfico, videos y otros materiales estarán a disposición desde mañana lunes en una plataforma virtual del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para la capacitación de emprendedores en casa. El objetivo es beneficiar a 1.000 personas.

Para acceder al material se debe llenar el formulario de inscripción en la aplicación Google Forms y descargar la herramienta Google ClassRomm en el celular o laptop. El código de acceso es vdidcx4.

En la plataforma hay videos de coachs, emprendedores y docentes de universidad, infografías, folletos digitales, mapas mentales del proceso emprendedor, pruebas, libros y bibliografía básica.

“No queremos dejarlos sin tener ninguna actividad durante la cuarentena. Muchos de ellos están siendo concientizados sobre el quedarse en casa, pero no les estamos dando actividades para que puedan hacerlo”, dijo el coordinador de la Plataforma de Empleabilidad de la Alcaldía paceña, Israel Miranda.

“Dentro de nuestra plataforma vamos a hacer visible todo el material con el que trabajamos a lo largo del año. Lo mostraremos durante esta semana”, precisó.

Las ideas de negocio están orientadas en especial a jóvenes de entre 17 y 30 años, quienes podrán revisar todo el contenido hasta el 10 de abril.

En las próximas semanas se realizará similar actividad con charlas vocacionales y la búsqueda de empleo online, entre otros. La comunidad puede pedir mayor información a la línea WhatsApp 79557377 o la cuenta de Facebook La Paz Emprendedora. (05/04/2020)

Empresa crea plataforma para que clientes ayuden a restaurantes y obtengan descuentos

La plataforma Gastrocupones, creada por la empresa Legado Hospitality, ofrece a los comesales de cerca de 230 restaurantes en todo el país, apoyar a sus locales favoritos con la compra de cupones con descuento, generando un flujo de efectivo en los negocios que permanecen cerrados por la emergencia sanitaria.

“Al ver la situación que se avecinaba, nosotros vimos la necesidad de crear algún mecanismo para generar flujo de caja a los restaurantes, tomando en cuenta que se aproximaba un ciclo de facturación cero, es así como creamos este sistema, que no solo les permite a los restaurantes recibir recursos, sino también que da a los clientes descuentos de hasta el 20%”, explicó Jorge Calvo, fundador y CEO de Legado Hospitality.

De acuerdo con Calvo, mediante la plataforma, los clientes pueden elegir entre 230 restaurantes de todo el país, la mayor parte de ellos en Santa Cruz por el momento, y comprar cupones de consumo que serán canjeables una vez concluya la cuarentena impuesta por el Gobierno por el Covid-19.

“El sistema tiene dos ventajas, la primera es que el cliente puede elegir entre varios métodos de pago, puede hacer una transferencia bancaria, usar su tarjeta de débito o crédito o hacer la compra por Tigo Money, la segunda es que se beneficia con un descuento del 20%. Es decir que, si compra un cupón de 100 bolivianos, en realidad, cuando vaya a canjearlo, recibirá el valor de 120 bolivianos en consumo. De la misma manera, los restaurantes se benefician al tener recursos frescos para poder seguir en el negocio”, explicó Calvo.

De acuerdo con datos del fundador de Legado Hospitality, hasta el momento, la venta de los cupones ha generado un movimiento económico de 180.000 bolivianos que fueron a parar a los restaurantes afiliados, ya que el uso de la plataforma no tiene costo alguno, desde el lanzamiento de la plataforma, el pasado martes 24 de marzo y se espera que este monto crezca con la adición de nuevos restaurantes cada día.

“Abrimos el 24 de marzo, hemos tenido 50.000 visitas al sitio y los restaurantes han logrado vender aproximadamente 180.000 bolivianos solo en Santa Cruz, falta ver los datos del resto del país, ya que recién abrimos la plataforma para los locales de los otros departamentos ayer (jueves 2 de abril)”, expresó el empresario.

Los restaurantes interesados en participar de la plataforma, solo deben enviar su solicitud a través de la página web https://www.gastrocupones.com y llenar un formulario de registro.

“Nosotros nos comprometemos a revisar las solicitudes y responderlas lo más pronto posible, porque sabemos que cada día que pasa se hace más difícil la situación para estos negocios”, expresó Calvo.