Hace más de cuatro decenios los países más ricos del mundo prometieron dedicar al menos el 0,7% de su PIB a la asistencia oficial para el desarrollo (AOD), pero menos de media docena de países han alcanzado de verdad ese objetivo. En realidad, los desembolsos en AOD no han sido estables, ni fiables ni han reflejado las necesidades existentes y, además, persisten las dudas sobre su eficacia.
Después de la Guerra Fría, la AOD disminuyó en gran medida al bajar hasta el 0,22% del PIB combinado de los países desarrollados en el periodo 1997-2001, antes de volver a aumentar después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en EEUU y de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Monterrey (México), el año siguiente. Después, cuando los gobiernos de los países desarrollados impusieron una austeridad fiscal estricta a raíz de la crisis económica mundial, la AOD volvió a disminuir hasta el 0,31% del PIB en el periodo 2010-2011.
Pero desde la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Monterrey, se han determinado necesidades suplementarias, incluidos planes de asistencia por comercio y la financiación para la mitigación de las consecuencias del cambio climático y la adaptación al respecto y, si bien el grupo directivo sobre créditos innovadores para el desarrollo, compuesto de 63 gobiernos, además de organizaciones internacionales y sociedad civil, ha contribuido a la consecución de avances en el último decenio, la definición sigue siendo controvertida.
De hecho, los críticos sostienen que los impuestos internacionales –por ejemplo, los que gravan las emisiones de carbono–, que el grupo directivo ha determinado como posible fuente de financiación, violan la soberanía nacional. Además, las fuentes de financiación no necesariamente determinan cómo se asignan los fondos, por no hablar de cómo se utilizan en última instancia. Por ejemplo, aunque la llamada tasa Tobin (un pequeño gravamen a las transacciones financieras) iba dirigida a financiar la asistencia para desarrollo, recientemente se adoptó en Europa una variedad de ella para complementar los ingresos presupuestarios nacionales.
Algunas propuestas
Naturalmente, esas utilizaciones diferentes de las originales de las innovaciones en materia de financiación para el desarrollo no los desacreditan. En el Estudio Económico y Social Mundial 2012 de las Naciones Unidas sobre nueva financiación para el desarrollo se examinan diversas innovaciones existentes o propuestas en materia de financiación, intermediación y desembolso.
Aparte de asignación de los derechos de emisión de los gases que causan el efecto invernadero y su comercio, se pueden imponer ‘gravámenes de solidaridad’ a los pasajes de vuelos e impuestos al combustible para la aviación o la navegación.
Otra propuesta entraña la creación de una nueva liquidez internacional emitiendo derechos especiales de giro (activos internacionales de reserva mantenidos por el Fondo Monetario Internacional). Se asignarían o reasignarían los fondos resultantes, además de los derechos especiales de giro existentes y no utilizados a planes de desarrollo y se apalancarían para aumentar los recursos de inversión; sin embargo, otro programa utilizaría las regalías de la extracción de recursos naturales del patrimonio mundial.
Algunas iniciativas están ya en marcha. Por ejemplo, el proyecto RED es una campaña empresarial para recaudar fondos para el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria al donar una porción de los beneficios obtenidos con productos de consumo identificados con esa causa. Si bien algunos critican la disparidad entre lo que esas empresas ‘altruistas’ gastan en publicidad y la cantidad de dinero que recaudan realmente, semejante comercialización identificada con esa clase de causas puede ser un mecanismo eficaz a fin de obtener financiación suplementaria para el desarrollo.
En los seis últimos años se han asignado unos $us 6.000 millones de AOD a fuentes innovadoras de financiación, frente a los más de 120.000 millones de la AOD anual actual, es decir, mucho menos que los casi 20 billones comprometidos por los países del G-20 para la recuperación económica (incluidos los rescates) desde 2008, pero algunas propuestas recientes prometen recaudar muchos más recursos para el desarrollo sostenible.
Con un impuesto sobre las emisiones de carbono coordinado internacionalmente se podrían recaudar $us 250.000 millones al año, mientras que con un pequeño impuesto a las transacciones financieras se podrían recaudar otros $us 40.000 millones. Asimismo, con las emisiones periódicas de derechos especiales de giro para seguir el ritmo del crecimiento de la liquidez mundial, se podrían obtener unos $us 100.000 millones al año para la cooperación internacional para el desarrollo. Semejantes emisiones reducirían la demanda de bonos del Tesoro de EEUU y otros activos líquidos de las divisas.
Al mismo tiempo, si los países más poderosos del mundo dejaran de fomentar la liberalización plena de las cuentas de capital, los países en desarrollo sentirían menos presión para protegerse al acumular reservas en divisas extranjeras. En cambio, invirtiendo los fondos en proyectos de desarrollo podrían abordar a un tiempo las limitaciones en materia de ahorro y de tipos de cambio.
Por último, hace falta estrategias innovadoras para aunar la financiación del desarrollo con los objetivos nacionales, con lo que se colaboraría mejor con las partes interesadas
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