La Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía de Santa Cruz (Cadepia) manifestó a Cambio que urge que se ejecute el desapoderamiento del Parque Industrial que instruyó la Corte Superior de Justicia en Sucre. Afirman que las autoridades solo muestran buenas intenciones, mientras que se otorga más tiempo a los avasalladores para traficar con los predios.
Hace más cinco años que un grupo de avasalladores liderados por Richard Román ingresaron a ocupar una parte de los predios que pertenecen al Parque Industrial. Desde entonces este grupo se asentó en aproximadamente 10 hectáreas. Esta toma ocasionó que las pequeñas y medianas empresas de Cadepia inicien acciones legales para frenar la invasión.
“Hace cinco años iniciamos un Amparo Constitucional contra estos avasalladores. La demanda llegó hasta el Tribunal Constitucional Plurinacional de Sucre y retornó favorablemente a Cadepia. Se instruyó que estos loteadores asentados en nuestros terrenos deben salir. Hace más de un año que la orden de desalojo está en el Comando Departamental de la Policía y no se ejecuta”, informó Alejandro Roca dirigente de Cadepia.
Tras estos procesos legales, el líder de este grupo de toma tierras, Richard Román Moreno, se encuentra tras las rejas hace más de cinco meses por robo agravado. Sin embargo, los afectados de esta toma ilegal, durante el tiempo que significó el proceso, fueron víctimas de innumerables estrategias legales. Una lluvia de demanda y de amparos presentaron los ocupantes al no resignarse a perder la posibilidad de adueñarse de estos terrenos.
“Tuvimos reuniones con diferentes autoridades nacionales, departamentales y policiales, todos nos manifestaron sus buenas intenciones pero solo queda en eso”, acotó Albeto Gutiérrez, también representante de Cadepia.
Acciones recientes
Este grupo de invasores presentaron un nuevo Amparo Constitucional, solicitando la anotación preventiva del total del Parque Industrial de Santa Cruz. Acciones generadas por Richard Román desde la cárcel, sin embargo tanto el Juzgado Primero de Instrucción en lo Civil como el Segundo, rechazaron la demanda.
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“Urge el desapoderamiento que se instruyó en la Corte de Sucre. Mientras pasan los meses les damos más tiempo a los avasalladores para que se reagrupen y generen estrategias legales. Mientras tanto los afectados continuamos luchando y sufriendo un calvario, gastando más dinero en procesos legales y con la incertidumbre en nuestras empresas”, agregó Gutiérrez.
Se conoce que durante estos años de proceso, los predios afectados fueron objeto de tráfico de tierras. Cadepia denunció que se venden y revenden dejando más perjudicados.
El Parque Industrial cruceño tiene una superficie total de 976 hectáreas. En ellas están instaladas más de 360 empresas en funcionando. En caso de proceder con la anotación preventiva de estos predios el daño a estas empresas sería irremediable.
Perjuicio
“Con esta anotación preventiva, todas estas empresas tendrán problemas jurídicos, dificultades en la Banca, no podrán sacar crédito, vender o traspasar sus terrenos. Crea una inestabilidad que puede ocasionar inclusive el quiebre de muchas de ellas”, acotó Roca
Al respecto, el gerente General del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez recordó los perjuicios que atraviesan las víctimas de predios productivos avasallados.
“Los procesos legales que se deben atravesar para liberar estas parcelas, requieren de mucho dinero. Eso significa una pérdida de capital, e incluso pérdida de salud de sus propietarios que ocasiona una lenta reactivación de la producción y por ende un retroceso al progreso de la región del país”, mencionó Rodríguez.
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