Entre las medidas de apoyo adoptadas por el gobierno en favor del sector empresarial sean estas de carácter fiscal, laboral o financiero, hay un común denominador que en absoluto favorece a los empleadores bolivianos, la tibieza de tales medidas, pues su efecto en la práctica es inocuo, tanto por su alcance como por la cuantía de los fondos asignados. Esto nos lleva a concluir que son medidas insuficientes que en estas condiciones son una omisión de auxilio a la economía del sector privado y, en muchos casos, la condenaría a la quiebra, que espero no sea la herencia que nos deje el gobierno de transición.
Analicemos, por tipo de medida, el beneficio y su posible impacto en el sector productivo. En el caso de las medidas de orden fiscal relacionada a los tributos, las primeras ampliaron el plazo de los pagos de impuestos mensuales al valor agregado y el impuesto a las transacciones por el tiempo que hubiera durado el confinamiento sin multas ni intereses, esto es 45 a 60 días corridos, lo cual constituye un diferimiento que supone favorecer la liquidez; por su parte el diferimiento del impuesto a las ganancias por 30, 60 y 90 días (plazos opcionales) constituyen un sacrificio solo del sector empresarial dada su actual situación, mientras el fisco aun ordeña lo que queda de liquidez.
Otra de las medidas fiscales relacionada a los tributos fue la reducción de la base imponible para la aplicación del impuesto a las transacciones (pago a cuenta del impuesto a las utilidades) que se aplica sobre el ingreso bruto, dejando la nueva base de aplicación en el ingreso neto de la empresa (deducido el impuesto al valor agregado), lo cual evita gravar impuesto sobre impuesto, que esta demás decirlo es uno de los principios tributarios, por tanto en realidad la medida no corresponde a ningún beneficio directo y menos a un sacrificio fiscal.
En materia laboral el sector privado es consciente de la necesidad de sostener el empleo y lo ha venido haciendo en medio de la crisis desde el año pasado con un paro de casi un mes en el último trimestre y ahora con la cuarentena de casi sesenta días, lo cual es ya insostenible. En esta materia lo único que atinó a realizar el gobierno es la inamovilidad funcionaria durante la cuarentena y diferir los pagos de aporte a la seguridad social, mientras países como Perú han flexibilizado su legislación laboral permitiendo reducciones salariales pactadas y la suspensión laboral sin salario por el plazo máximo de tres meses, en la necesidad de precautelar la fuente de empleo en el mediano plazo en la post pandemia.
Por si esto fuera poco en materia laboral, arrastramos una tara del socialismo anclado en el siglo pasado de que el trabajador es el explotado y el empleador el explotador a quien hay que esquilmar en beneficio de reivindicaciones sociales que Gobiernos corruptos e ineficientes no han sabido solventar con los recursos aportados por las empresas en forma de tributos o con la explotación de los recursos de sus respectivas naciones. Estas malas políticas laborales del pasado reciente han llevado a Bolivia a tener uno de los costos laborales más altos e improductivos de la región, que solo han favorecido la reducción del empleo formal.
Como ya lo hemos mencionado de manera reiterativa desde el sector privado, creemos que el gobierno no ha dimensionado a cabalidad la importancia de sostener y reactivar el sector formal en esta crisis. En materia financiera se aprobó una línea de crédito con plazo de 18 meses con seis meses de gracia y tasa del 3,75% para el pago de dos meses de planillas de sueldo de los trabajadores y otra línea de crédito para reactivar el empleo de 214 millones de dólares a tasa preferente por cinco años con un año de gracia. Ambas líneas destinadas a la reactivación de la oferta en la economía no llegan siquiera al 2% del PIB, mientras otros países de la región ya han destinados entre el 15% y 20% a fondos de reactivación.
Es bueno aclarar que estas medidas financieras son créditos de la banca estatal de segundo piso canalizados a través de la banca comercial que exige garantías reales de un crédito ordinario al ser ellos garantes de dichos fondos, la tasa de interés es relativamente baja, pero mayor a la tasa pasiva del sistema financiero, lo que de igual manera afecta el nivel de endeudamiento de empresas que ya confrontan amenazas de quiebra técnica. Tampoco este financiamiento está acorde al requerimiento de las circunstancias y el daño causado a la economía boliviana que se estima en al menos 3.500 millones de dólares y cuya previsión de recesión llega al 6% para esta gestión.
Finalmente, estas medidas financieras tampoco atienden la necesidad de refinanciar deudas que ya están en mora producto de la crisis y tampoco se menciona nada sobre la deuda interna del Estado a empresas que ya se declararon insolventes.
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