En medio de un ambiente de incertidumbre respecto a la aprobación del nuevo decreto supremo que reglamentará las condiciones de pago de créditos diferidos durante la emergencia sanitaria, la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Pypes) se declaró en estado de emergencia y no descarta iniciar movilizaciones en caso de que la reglamentación difiera de lo establecido en la Ley 1294.
Néstor Conde, presidente de la Conamype, manifestó la preocupación de este sector por el silencio del Gobierno nacional sobre dicha reglamentación que debió aprobarse a mediados de mayo, pero anunció que las mypes en todo el país iniciarán marchas y huelgas de hambre en caso de que reglamente el pago de créditos desde junio, como lo establecía la carta-circular de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) que, finalmente, fue anulada.
Conde explicó que la reglamentación debe estar acorde con la Ley 1294, que señala que las entidades financieras deben realizar el diferimiento automático del pago de amortizaciones de crédito a capital e intereses por el tiempo que dure la declaratoria de emergencia por la Covid-19, “otorgando un lapso máximo de hasta seis meses posteriores al levantamiento de la declaración de emergencia”.
“Esperemos que no nos sorprendan el día viernes o sábado y hacen el tema de su reglamento, pero nosotros estamos ya en estado de emergencia a nivel nacional para poder movilizarnos”, agregó el dirigente a tiempo de mencionar que las protestas iniciarían en la ciudad de La Paz.
A consecuencia de la paralización de actividades, las mypes reportan cuantiosas pérdidas y descapitalización, lo que les impide retornar a sus operaciones con normalidad cuando la situación sanitaria mejore. Según
Conde, al menos 120 mil microempresas se declararon en quiebra por falta de ingresos, lo que genera una fuerte pérdida de empleos.
La Unidad de Comunicación del Ministerio de Economía informó ayer que el reglamento en cuestión será tratado en la próxima reunión de gabinete.
Por otro lado, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) informó que el diferimiento de pago de créditos incide significativamente en la liquidez que los bancos requieren para el cumplimiento de sus obligaciones financieras y que, incluso, “se constituye en enorme desafío poder atender la demanda de créditos necesarios para la reactivación de las actividades económicas”.
Conde dijo que la banca registró ganancias en los últimos 14 años y que ahora debe acompañar a la población boliviana en este momento crítico.
A menos de cinco días de comenzar junio, no hay reglamentación para retomar el pago de créditos
EL DIFERIMIENTO ELEVARÁ LA MORA
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) informó que el diferimiento de pago de cuotas dispuesto por el Gobierno nacional apunta a aliviar la carga financiera a empresas y familias sin impactar en su calificación, es decir, que no ingresarán en mora.
Sin embargo, advierte que “se espera un incremento de la mora, ya que algunos sectores se verán afectados por un periodo más prolongado, incluso en algunos casos se prevé la reactivación en el siguiente bienio; por consiguiente, la banca se verá obligada a constituir previsiones genéricas importantes, impactando de esta manera en la rentabilidad”.
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