La Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía de La Paz (Cadepia), a través de su presidente, Genaro Tórrez, calificó de política la decisión del Gobierno, de exigir el pago del doble aguinaldo por tercera vez consecutiva, cuando no demostró que este sector haya crecido en el último año más del 4,5%. Advirtió que los pequeños industriales junto a sus trabajadores se movilizarán en defensa de la producción nacional y los puestos de trabajo.
"Para nosotros, el doble aguinaldo desde un principio fue una medida política que no corresponde a criterios económicos y afectó los intereses de todas las empresas en general. Fue una medida política, porque el 20 de noviembre de 2013 el Presidente hace conocer el Decreto Supremo 1802 del doble aguinaldo, en busca del tercer mandato 2015-2020 para las elecciones de octubre de 2014", señaló en entrevista con Erbol.
Del mismo modo dijo que el vicepresidente Álvaro García Linera, pidió entonces a los empleados públicos aportar el 50% de ese doble aguinaldo para la campaña política. "El año pasado fue por el referendo autonómico donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) perdió. Ahora es mucho más claro porque el 21 (de febrero) se hace la consulta para abrir la Constitución para una nueva reelección", dijo.
"Estamos en emergencia, va haber confrontación (…). Ya hemos sacado una marcha adelante y se va a repetir. Los trabajadores son mucho más conscientes, saben que nos debemos a las ventas; si no vendemos, no generamos fuentes de empleo, si no hay ventas tenemos que despedirlos. Para ellos es más importante tener su trabajo", aseveró.
Cuestionó que se pretenda obligar a las microempresas, a pagar el doble aguinaldo como si se tratase de sindicatos. "¿De dónde vamos a pagar?, si estaríamos en condiciones de pagar lo haríamos, pero no vamos a pedir prórroga porque no estamos en condiciones de pagar" señaló.
El decreto del doble aguinaldo establece que este beneficio debe ser pagado a los servidores públicos a las trabajadoras y trabajadores del sector público y privado, que será otorgado en cada gestión fiscal cuando el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), supere el 4,5%.
Torres dijo que, de acuerdo a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el sector de la manufactura creció sólo el 4.49%, "esa es prueba suficiente de que no estamos en el decreto".
El representante de los pequeños industriales advirtió que sin duda esta imposición ocasionará nuevos cierres de pequeñas y microempresas. Indicó que de acuerdo a datos de Fundempresa, el año 2010, 547 matrículas fueron canceladas; el 2011 fueron 1.257; el 2012, 2.024; el 2013, 1.909 y el 2014, 2.581 empresas. De enero a agosto de este año dijo que se cancelaron 3.949 matrículas.
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