Las pequeñas y medianas empresas han manifestado la falta de condiciones para el cumplimiento del pago del retroactivo del incremento salarial a sus empleados, plazo que concluyó ayer, según el Decreto Supremo 2346 del 1 de mayo. El empresariado grande hará los esfuerzos para cumplir, pese a la crítica por el breve plazo. Mientras que los funcionarios públicos del Estado ya gozan de su aumento desde el miércoles.
“El plazo para el pago del retroactivo al mes de enero termina el 31 de este mes, pero cae domingo. La norma fue promulgada con anticipación, por lo que el plazo vence el último día hábil, que es hoy (ayer)”, manifestó ayer el director general de Trabajo, Miguel Albarracín.
La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) esperaba hasta las últimas horas de ayer que el Ministerio de Desarrollo Productivo decida una norma que los trate tal como las empresas públicas, que aplican el aumento salarial de acuerdo al crecimiento de la empresa.
“El 90% de las microempresas (72.000) trabajan por producto que realizan. Un 10% (8.000) es el que va a tener problemas por el retroactivo que tenían que pagar hasta ayer. El Ministerio de Desarrollo Productivo tendría que tener alguna determinación de nuestra propuesta. Si no hay, nos veremos obligados a pagar. Pero ya los de La Paz han manifestado que están imposibilitados de pagar”, declaró Víctor Ramírez, presidente de Conamype.
Sin embargo, el Gobierno confía en que los empleadores logren pagar el retroactivo. El DS 2346 y la Resolución Ministerial 301/15, recuerdan que hay sanciones para quienes obvien el pago y no presenten sus planillas de desembolso hasta el 30 de junio con el aumento del 8,5% del salario.
Empresarios pagan
Por su parte, el sector privado lamentó que el Gobierno no los haya escuchado para poder equilibrar las medidas.
“Vamos a tener que apelar a mucha creatividad para lograr que el pago del retroactivo se haga posible. Las consecuencias son muy duras para quienes no cumplan. Vamos a tener un informe del cumplimiento de la norma y cómo lo lograron. Tenemos la esperanza de que todos hayan podido apelar a las alternativas para conseguir recursos”, manifestó el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas.
El presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), Jorge Arias, coincidió en que estos incrementos, por ser una imposición, “a la larga no beneficia a nadie porque se corre el peligro de que las fuentes de empleo disminuyan ante la imposibilidad de muchas empresas de poder seguir atendiendo estos niveles salariales”
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