Los economistas recomiendan la formalidad en las economías y el emprendedurismo de los agentes económicos; sin embargo, es cada vez es más difícil puesto que las masas informales se tornan más poderosas, al punto de incidir en la estabilidad o la elección de los gobernantes.
Según el Banco Mundial, mientras en países de Europa del este la informalidad ronda el 12%, en América Latina bordea el 50%, pero en Bolivia la cifra estaría superando el 70%.
La explicación a estas cifras se encuentra en el tipo de economía, es decir: desarrollada, en vías de desarrollo o en enclaustramiento; en las libertades económicas, las facilidades de acceso al mercado financiero, la seguridad jurídica, etc.
El dilema está al enfrentarse al ‘costo de oportunidad’ entre ser formal e informal. Según el Banco Mundial, en países europeos aperturar una empresa demora tres días y en Bolivia 49 días; cumplir obligaciones tributarias: IVA (13%), IT (3%), tasas de regulación (1%); sobre ingresos brutos, e IUE (25%); cumplir obligaciones sociales: seguridad social (10%), aporte solidario (3%), seguros de riesgo (1,17%); pago de dos aguinaldos, ajustes salariales anuales obligatorios, sobre el haber básico; bono de antigüedad y de maternidad en relación al salario mínimo y vacaciones.
Además, las promociones empresariales implican un cargo adicional de un 10% y finalmente, cualquier otra medida imprevista que implica o menor ingreso o mayor costo.
El control de todas estas obligaciones está a cargo de entidades públicas en permanente fiscalización que ante el incumplimiento formulan cargos adicionales, mayormente bajo la figura de multas. Sin embargo, el sector informal es tal, al extremo de que ‘formalmente’ solo están registrados en el Servicio de Impuestos Nacionales un total de 42.700 a mayo de 2014, apenas un 3% del universo esperado y con un aporte al Estado de apenas 17 millones de bolivianos en 2013, esto es, 2.400 veces menos de lo que aporta el sector formal; el cual ha pasado de 63% de empresas unipersonales en 2008 a 84% en 2013.
La solución pasaría por comprar con factura, pero con el nuevo salario mínimo nacional de Bs 1.400, solo necesitan presentar facturas para el RC-IVA quienes perciban un salario superior a Bs 6.600, por lo que el panorama se presenta más complejo aún para la formalidad
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