La Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía de Santa Cruz (Cadepia) propuso dotar de viviendas sociales en el sector urbano de Santa Cruz como alternativa para frenar los avasallamientos y el tráfico de tierras.
Alejandro Roca, representante de Cadepia en una entrevista con Cambio planteó la alternativa al evidenciar que dentro de los grupos de” toma tierras” existen personas engañadas.
“Muchos de los que ocupan los predios de Cadepia son familias humildes que fueron estafadas por redes de traficantes de tierras, mismo que además de inducir al delito, lo que hacen es vivir de ellos porque les piden dinero todo el tiempo”, manifestó Roca.
En ese marco, el dirigente señaló que el fin de este grupo de avasalladores es contar con un terreno para edificar una hogar, hecho que afecta severamente con los intereses de del sector micro empresarial.
“Tenemos entendido que el presidente Evo Morales edificará más de 5.000 viviendas solidarias en el departamento, creemos que sería una buena alternativa beneficiar a estas víctimas de los traficantes para evitar que sigan perjudicando la industria y los derechos de los bolivianos”, recomendó el entrevistado.
Daño severo
Hace más cinco años que un grupo de avasalladores liderados por Richard Román ingresaron a ocupar una parte de los predios que pertenecen al Parque Industrial. Desde entonces este grupo se asentó en aproximadamente 10 hectáreas.
Esta toma ocasionó que las pequeñas y medianas empresas de Cadepia inicien acciones legales para frenar la invasión. Iniciaron un amparo Constitucional contra estos avasalladores. La demanda llegó hasta el Tribunal Constitucional Plurinacional de Sucre y retornó favorablemente a Cadepia. Se instruyó que estos loteadores asentados en nuestros terrenos deben salir. Hace más de un año que la orden de desalojo está en el Comando Departamental de la Policía y no se ejecuta”, informó Alejandro Roca dirigente de Cadepia.
Otra alternativa
Por su parte el gerente General del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez manifestó en más de una ocasión afirmó que una alternativa para frenar los avasallamientos en el sector rural donde está en riesgo la producción de alimentos por este delito, es la dotación de tierras fiscales.
“Si realmente esta gente tienen necesidad de producir la tierra, tiene a disposición más de 6 millones de tierras fiscales que están disponibles”, señaló Rodríguez.
En ese mismo sentido el Primer Mandatario sentención que el Estado garantizará la seguridad jurídica de la propiedad privada y pública y que no se tolerará el avasallamiento ni el tráfico de tierras.
Asimismo, hace un año aproximadamente se promulgó la Ley 477 Contra el Avasallamiento y el Tráfico de Tierras.
Esta norma incorporó por primera vez en la historia del país, este delito al Código Penal, donde se estipula un castigo de hasta ocho años de cárcel para los cabecillas que promuevan las tomas y 10 años sin acceso a la dotación de tierras para los implicados.
Gracias a estas medidas el delito se redujo en un 70 por ciento solo en esta gestión.
No hay comentarios:
Publicar un comentario