En el país, hay aproximadamente 650 mil unidades productivas, de las cuales el 93,8% está en las categorías de micro y pequeña empresa (MyPES), según un estudio realizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo.
El análisis busca delinear el "coeficiente de comercio exterior de las empresas”, es decir, cuánto produce y cuánto exporta o importa una empresa, afirma el viceministro de Comercio Interno y Exportaciones, Luis Fernando Baudoin.
A su vez, hay subsectores: 1) el exportador, que transforma materia prima nacional, que según Baudoin ha sido apoyado durante 30 años; 2) el subsector que abastece el mercado interno al transformar materia prima nacional, "al que nunca nadie le dio un centavo”; 3) el que transforma materias primas importadas para el mercado interno, que sustituye las importaciones y, finalmente, 4) el que interna materia prima, la transforma, la exporta y que "básicamente hace maquila”.
"El segundo sector que transforma materias primas para el mercado interno ha mostrado de lejos, durante un periodo de 15 años, más o menos, una mayor capacidad de dinamizar la economía”, aseguró.
Agrega que es el que más ha contribuido al empleo, que tiene un uso más intensivo de materias primas nacionales y es en el cual opera "una masa importante de empresarios, si le podemos llamar así, que produce de pobres para pobres”.
"Esos actores que agarraban una llanta de camión y fabricaban una abarca no tenían ninguna importancia, pero hoy para nosotros son visibles”, explica Baudoina.
Aunque admite que hace falta "desarrollar muchos más instrumentos para potenciar esas unidades empresariales” , el Gobierno, al priorizar el mercado interno en vez del externo, fortalece a este grupo.
Los resultados de estas estrategias son notorias en el crecimiento económico, en el hecho de que la gente tiene más plata, asegura.
Según el director de LABOR, Rodolfo Eróstegui, estas pequeñas unidades empresariales han comenzado a recibir asistencia técnica y financiera.
Ya no se trata de empresas exclusivamente familiares y ahora contratan mano de obra, aunque en malas condiciones, asegura el especialista laboral.
"La demanda de mano de obra se comienza a deteriorar por el crecimiento de estas pequeñas unidades (…). Bolivia está creciendo sobre la base de una cultura de precariedad laboral”, dice.
Baudoin sostiene que el Estado se ha propuesto cambiar el nivel de industrialización del país, que durante los últimos 30 años se ha mantenido en el rango del 16% del PIB.
Con esa meta, se impulsan actividades agrícolas, pecuarias e industriales con recursos del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (FINPRO).
Inicialmente, se invertirá 1.900 millones de dólares del FINPRO, que está constituido por parte de las Reservas Internacionales Netas.
El 72% de esta inversión se destinará a los complejos productivos o clusters para la seguridad alimentaria, como los de la papa (2%), quinua (3%), carne de res (6%) y de abastecimiento y almacenaje de granos (17%), entre otros; el 16% irá a la industria, a textiles (3%) y al cemento (8%); el 2% a la tecnología y el 10% a otros sectores, como los mercados populares (4%) y la consolidación de las MyPES urbanas (6%).
El próximo año se tiene planificado inyectar el 25% de esta inversión, en 2015 el 35% y en 2016 el restante 40%.
Se espera generar más de 200 mil empleos
El Gobierno, mediante las empresas públicas, quiere generar más de 200 mil empleos dignos en el país.
El viceministro de Comercio Interno y Exportaciones, Luis Fernando Baudoin, informó que en el área de pelos finos y subproductos de camélidos se crearán 44.000 empleos; en textiles, 45.000; en cueros, 8.000; en madera, 17.500; en joyería, 2.000; en cemento, 3.000; en metalmecánica, 7.000; en el programa específico para MyPES urbanas, al menos 89.000 y en tecnologías de información y comunicación, 21.000.
Baudoin agregó que el otro reto es "recuperar el Instituto de Formación y Capacitación Laboral, una fundación sin fines de lucro que, desde su perspectiva, se habría convertido en "una ONG maltrecha”.
Con respecto a las condiciones laborales precarias que se presentan en algunas unidades productivas, aseguró que, en coordinación con la Central Obrera Boliviana, la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia y los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Productivo y Economía Plural, se ha acordado "que no podrá exportar un lápiz ninguna empresa que no cumpla ni esté al día con los derechos laborales”.
Para este fin, se ha previsto un periodo de adecuación.
"La idea es apoyar a las empresas para que gradualmente vayan poniéndose a tono con los derechos laborales, con el empleo digno y llegará un momento que tendremos que utilizar otro tipo de medidas para las empresas que simplemente se resistan”, advirtió el viceministro Baudoin.
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