En el documento de Posición de la Plataforma de organizaciones empresariales que participan en el Proyecto Piloto de Productividad y Desarrollo (PPPD), subrayan que las “percepciones de severas limitaciones al financiamiento del sector productivo contrastan con el exceso de liquidez en el sistema financiero que no encuentra posibilidades de volcarse hacia la economía, sino de forma muy limitada”.
Detallan que existen más de tres mil millones de dólares, que podrían ser movilizados en operaciones de crédito.
El 2009, las captaciones de los bancos llegaron a $us 7.407 millones, en tanto que la cartera está en $us 4.131 millones. Este exceso de liquidez ejerce presión a la baja de las tasas de interés. En el último año, las tasas de interés pasivas se redujeron de 6% a 1,9% en moneda nacional y de 4,2% a 0,6% en moneda extranjera. La tasa de interés activa cayó de 13,8% a 9,1% en moneda nacional y de 12,6% a 8,6% en moneda extranjera.
Recuerdan que Bolivia no cuenta con una legislación de fomento a las mipymes y “aunque la oferta financiera de las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) crece y tiende a diversificarse, aún no guarda relación con la magnitud de recursos disponibles en el sistema bancario”.
También les preocupa que “la atención a las necesidades financieras de las pequeñas empresas productivas sigue presentando problemas como la exigencia de garantías hipotecarias que, generalmente, no están en posición de cumplir, o la ausencia de un registro de bienes muebles que dificulta el reconocimiento de la maquinaria, los equipos de trabajo u otro tipo de bienes, como garantía crediticia”.
Frente a ello, la Cámara Nacional de Industria, las Cámaras de Pequeña Industria de Santa Cruz y Cochabamba, junto a la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia plantean, en el documento del PPP, una agenda público-privada con el propósito de crear espacios de intercambio.
El propósito es generar consensos básicos e iniciativas conjuntas que promuevan y faciliten la implementación de políticas públicas para el sector productivo y emprendedores emergentes.
Esa Mesa de Trabajo analizaría con prioridad una legislación de fomento de mipymes, “que se constituya en el marco ordenador de las políticas públicas para la actividad productiva y emprendedora, así como de los instrumentos necesarios en materia de financiación, servicios de soporte empresarial, acceso a mercados, promoción de exportaciones, innovación, encadenamientos productivos, formalización de empresas y otros”.
Implica elaborar una normativa para el registro de bienes muebles; un marco regulador para el funcionamiento de sociedades de garantías recíproca; una estrategia financiera para movilizar recursos del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) y de las EIF hacia las cadenas de valor en el sector industrial manufacturero.
Esperan la “concreción de financiamiento para operaciones de compra de organismos públicos y empresas privadas, con la garantía del contrato de compra-venta y la participación del BDP; y la creación y/o aplicación de otros instrumentos innovativos de financiación como el arrendamiento financiero y otros similares, en condiciones apropiadas a las necesidades y posibilidades de las Mipymes productivas”.
Limitación para el riesgo crediticio
La nueva Constitución “manda priorizar la atención a los pequeños productores, pero no existe una legislación de fomento a la pequeña empresa y la actividad emprendedora, como en muchos otros países”, apunta Henry Oporto, asesor de Políticas del Proyecto Productividad y Desarrollo.
Además, “los programas de las entidades financieras privadas adolecen de limitaciones reglamentarias, administrativas y de estrategia comercial que frenan una mayor reducción de las tasas de interés y por otras razones (plazos, garantías, trámites) desincentivan a muchos emprendedores a tomar el riesgo de un financiamiento crediticio”, subrayó.
Respecto a los recursos del BDP, detalló que no necesariamente llegan a pymes productivas, que tienen el mayor potencial de crecimiento.
En ese marco, señala la existencia de una paradoja: “siendo grande la necesidad de financiamiento en las pequeñas empresas productivas, la demanda financiera efectiva es baja. Esto tiene mucho que ver con las limitadas oportunidades de mercado para el sector productivo, en un contexto de fuerte terciarización de la economía y masivo contrabando que inunda el mercado”.
Elaboración de leyes en conjunto
El presidente de la CNI, Armando Gumucio, destacó la “urgente necesidad de un acuerdo por la producción, el empleo y las inversiones” y subrayó “que es un momento propicio para priorizar el tratamiento de una agenda económica que impulse el desarrollo productivo e industrial del país”. El sector industrial también exhortó al Gobierno a convocar a todos los sectores empresariales, productivos y laborales a trabajar conjuntamente en la reforma y elaboración de las leyes económicas.
La CNI destaca que la política macroeconómica gubernamental contribuyó a un clima de estabilidad, que hay un interés por luchar contra el contrabando, pero les preocupa la imposición de obligaciones laborales y sociales que agobian al sector empresarial formal.
Manifiestan que “es indispensable para la buena marcha del sector industrial, el contar con una adecuada seguridad jurídica respecto a la propiedad privada, a la imparcialidad de la ley, a la disponibilidad y transpa- rencia en la información pública, a la independencia de poderes y a la equidad de los entes reguladores”.
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