El número limitado de socios de la Cámara de la Pequeña Industria y Artesanía de Santa Cruz (Cadepia) -menos de 50 empresarios-, que asistió a la reunión de emergencia convocada por dicha institución por el loteamiento de 70 hectáreas en el Parque Industrial Ramón Darío Gutiérrez, acordó esperar el fallo del amparo constitucional planteado por la Prefectura cruceña para definir nuevas acciones en defensa de la seguridad jurídica y uso de suelo productivo de la superficie invadida.
Janeth Coffield, titular de la Cadepia, informó de que si bien hay una propuesta de los socios afectados de retomar por la fuerza la superficie invadida, la mayoría acordó esperar la decisión de la Sala Penal Primera respecto al amparo constitucional que plantea de manera categórica el desalojo de los loteadores. “Es verdad que la toma de terrenos nos está perjudicando y frenando en la intención de desarrollar proyectos de inversión, pero es mejor agotar las instancias permitidas por ley antes de recurrir a la violencia para defender la seguridad jurídica de los terrenos tomados”, señaló Nitza Gutiérrez, microempresaria afectada. La mujer lanzó duras críticas contra las autoridades encargadas de promover el desarrollo industrial en el Parque.
En su criterio, no hay condiciones ni servicios básicos para estimular la inversión privada en la zona. El ambiente es tan tenso que, según Coffield, un grupo de 12 empresarios de la pequeña industria, del sector alimento, inició un juicio a la Prefectura por negligencia y por no reactivar el proceso de asentamiento de empresas en el Parque.
En torno a este último punto, Humberto Parada, jefe del Proyecto de Apoyo al Desarrollo Industrial (PADI), dijo no conocer nada oficial al respecto.
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