Movilizados en La Paz, comerciantes de ropa usada de varias regiones aseguraron que el Gobierno les prometió una ampliación para la venta de este producto por 12 meses más y anunciaron que no se irán de la ciudad hasta lograr un decreto que plasme ese compromiso.
El secretario general de la Comisión Nacional de Ropa y Prendería Usada, Tomás Quispe, explicó que el 20 de marzo, en una reunión del sector con la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Patricia Ballivián, y el viceministro de Microempresa, Ramiro Lizondo, “se han comprometido a darnos un decreto de 12 meses de ampliación de comercialización”.
El 1 de abril de este año feneció el plazo para la comercialización de este producto en el país, así lo dispone el Decreto Supremo 29463. Sin embargo, la venta de ropa usada se mantiene, pese a la prohibición. Es por ello que el sector pide una nueva norma para continuar con esta actividad.
Ante el incumplimiento del Ejecutivo, cientos de comerciantes marcharon ayer desde la ciudad de El Alto hacia La Paz e impidieron el paso por las principales calles de la urbe paceña.
Del interior del país llegaron delegaciones de Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Potosí, Sucre, Tarija y de algunas provincias.
La movilización partió a las 9.00 de la avenida 6 de Marzo, a la altura del cruce a Achocalla, y descendió hacia La Paz. A primeras horas de la tarde, el sector movilizado se apostó en el trayecto de la avenida Mariscal Santa Cruz y sus calles adyacentes.
En la noche, los vendedores se acomodaron en ambos carriles de esa vía para dormir allí.
Quispe indicó que, en caso de no ser escuchados, continuarán con sus manifestaciones y que llegarán más de sus afiliados de otras regiones para participar de sus movilizaciones. Según el dirigente, ayer sólo participó “un 50 por ciento” de los ropavejeros.
A decir de Quispe, hasta el momento “no ha funcionado la reconversión productiva, tampoco el plan estratégico puesto en marcha. Ahora el Pro Bolivia, ya es más de un mes y medio (de la firma del convenio) y no pasa nada”. Indicó que no renunciarán a su fuente de ingresos, que es la venta de prendería usada.
Sostuvo que en el país aún hay más de 11.700 toneladas de ropa legalmente importada. “Tenemos cualquier cantidad de mercadería que tiene que venderse paulatinamente”. Añadió que muchos de ellos deben pagar préstamos que contrajeron para comprar esta mercadería.
La demanda de los comerciantes de prendas de segunda mano es rechazada por el Comité de Defensa de la Industria Nacional (Codeina). En un comunicado, este sector descalificó la movilización de los ropavejeros porque “pide al Ejecutivo autorización para vender productos usados ilegales, de contrabando, que están prohibidos”.
Codeina pidió al Ejecutivo intervenir la marcha con el uso de la fuerza pública y detener a los promotores u organizadores. “Si el Gobierno permite libremente este tipo de movilizaciones que perjudiquen con marchas o bloqueos en cualquier punto de Bolivia, el Gobierno estaría siendo cómplice del delito de contrabando”, dice el comunicado.
A la fecha, el Ejecutivo se ha desentendido del control a la venta ilegal de ropa usada.
Detalles
Ropavejeros • Los dirigentes dicen que no renunciarán a la venta de ropa usada y aseguran que ni siquiera se ha conformado la comisión para el inicio de la reconversión del sector para la venta de prendas bolivianas.
Codeina • Pide al Ejecutivo que haga cumplir la nueva CPE, cuyo artículo 325 dice: El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, el agio, la usura, el contrabando y otros delitos serán penados por ley.
El secretario general de la Comisión Nacional de Ropa y Prendería Usada, Tomás Quispe, explicó que el 20 de marzo, en una reunión del sector con la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Patricia Ballivián, y el viceministro de Microempresa, Ramiro Lizondo, “se han comprometido a darnos un decreto de 12 meses de ampliación de comercialización”.
El 1 de abril de este año feneció el plazo para la comercialización de este producto en el país, así lo dispone el Decreto Supremo 29463. Sin embargo, la venta de ropa usada se mantiene, pese a la prohibición. Es por ello que el sector pide una nueva norma para continuar con esta actividad.
Ante el incumplimiento del Ejecutivo, cientos de comerciantes marcharon ayer desde la ciudad de El Alto hacia La Paz e impidieron el paso por las principales calles de la urbe paceña.
Del interior del país llegaron delegaciones de Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, Potosí, Sucre, Tarija y de algunas provincias.
La movilización partió a las 9.00 de la avenida 6 de Marzo, a la altura del cruce a Achocalla, y descendió hacia La Paz. A primeras horas de la tarde, el sector movilizado se apostó en el trayecto de la avenida Mariscal Santa Cruz y sus calles adyacentes.
En la noche, los vendedores se acomodaron en ambos carriles de esa vía para dormir allí.
Quispe indicó que, en caso de no ser escuchados, continuarán con sus manifestaciones y que llegarán más de sus afiliados de otras regiones para participar de sus movilizaciones. Según el dirigente, ayer sólo participó “un 50 por ciento” de los ropavejeros.
A decir de Quispe, hasta el momento “no ha funcionado la reconversión productiva, tampoco el plan estratégico puesto en marcha. Ahora el Pro Bolivia, ya es más de un mes y medio (de la firma del convenio) y no pasa nada”. Indicó que no renunciarán a su fuente de ingresos, que es la venta de prendería usada.
Sostuvo que en el país aún hay más de 11.700 toneladas de ropa legalmente importada. “Tenemos cualquier cantidad de mercadería que tiene que venderse paulatinamente”. Añadió que muchos de ellos deben pagar préstamos que contrajeron para comprar esta mercadería.
La demanda de los comerciantes de prendas de segunda mano es rechazada por el Comité de Defensa de la Industria Nacional (Codeina). En un comunicado, este sector descalificó la movilización de los ropavejeros porque “pide al Ejecutivo autorización para vender productos usados ilegales, de contrabando, que están prohibidos”.
Codeina pidió al Ejecutivo intervenir la marcha con el uso de la fuerza pública y detener a los promotores u organizadores. “Si el Gobierno permite libremente este tipo de movilizaciones que perjudiquen con marchas o bloqueos en cualquier punto de Bolivia, el Gobierno estaría siendo cómplice del delito de contrabando”, dice el comunicado.
A la fecha, el Ejecutivo se ha desentendido del control a la venta ilegal de ropa usada.
Detalles
Ropavejeros • Los dirigentes dicen que no renunciarán a la venta de ropa usada y aseguran que ni siquiera se ha conformado la comisión para el inicio de la reconversión del sector para la venta de prendas bolivianas.
Codeina • Pide al Ejecutivo que haga cumplir la nueva CPE, cuyo artículo 325 dice: El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, el agio, la usura, el contrabando y otros delitos serán penados por ley.
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