A pocas horas de que el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), se sienten a negociar el incremento salarial, surgen críticas de los diferentes sectores, que ven una imposición del centralismo hacia el empresariado de pagar este beneficio sin consensuar con ellos.
Maclovio Choque, representante de la Federación de la Micro y Pequeña Empresa, manifestó que el Gobierno no debería imponer el incremento, salarial, toda vez que esto tiene efectos negativos, como la pérdida de fuentes laborales. "El Estado debería considerar que la economía del país no está bien, no tenemos cómo pagar un incremento porque apenas cubrimos el costo de producción, esto nos obliga a retirar personal", aseveró.
"Es un despropósito absoluto, no convocar al sector empresarial del país, siendo que somos el principal generador de empleos, aparte que por derecho nos corresponde ya que somos parte de la Constitución Política del Estado, además hay un convenio de la OIT que obliga a las partes a sentarse y escucharse y nosotros tenemos entendido que es el Gobierno quien tiene la responsabilidad de tomar la decisión final", dijo Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).
Consideran un abuso del gobierno. El economista Javier Paz García, manifestó que el Gobierno comete un abuso al imponer el incremento salarial, apoyándose en la ley para cometer algo injusto, por lo que lo califica como un "robo", toda vez que el Estado dispone de recursos que no le pertenecen. "Es una intromisión, una violación de un acuerdo entre partes, porque cuando se contrata a una persona hay un acuerdo voluntario y lo que hace el incremento salarial es violentarlo, esto independientemente si es bueno o malo para la economía, es algo injusto e incorrecto", dijo el economista, a tiempo de agregar que el Gobierno, ni los sindicatos tienen el derecho de decidir qué hacer con la plata de los otros, refiriéndose a los empresarios privados.
Silvia Quevedo, Presidente de la Cámara de Mujeres Empresarias (Camebol), indicó que no solo el incremento salarial les afecta al sector microempresarial, si no también las cargas sociales que deberían ser responsabilidad neta del Estado y no así del empleador.
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