domingo, 11 de noviembre de 2012

CONAMYPE apoya ley que eliminará el contrabando

30 días tiene el Tribunal Constitucional para comunicar el fallo sobre el proyecto, cuyo cumplimiento será de carácter obligatorio.

La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) respaldó por escrito, mediante voto resolutivo, el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado porque establece una lucha frontal contra el contrabando, según un comunicado de la entidad.

El documento señala que esa confederación “respalda y apoya la aprobación del proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado”.

“(El proyecto de ley) beneficia la lucha frontal contra el contrabando, el narcotráfico y la corrupción, delitos que afectan a los productores, trabajadores y a la sociedad boliviana”, remarca la resolución aprobada en un ampliado de emergencia de ese sector.

Asimismo, afirma que el contrabando de productos chinos, peruanos, chilenos, argentinos y brasileños, además de productos usados americanos y europeos “destruyen” la industria nacional, generan desempleo en el país y permiten la salida de mano de obra boliviana a otros países.

“El narcotráfico y la corrupción son un vicio de la sociedad que debe ser erradicado”, subraya.

El proyecto de ley establece que en caso de flagrancia de contrabando, narcotráfico, enriquecimiento ilícito y corrupción, la Procuraduría procederá al decomiso e incautación de todos los bienes que sean producto de alguna de esas actividades ilícitas, otorgando a los afectados un plazo para que presenten sus descargos.

El lunes, el Jefe de Estado determinó enviar ese proyecto de ley al Tribunal Constitucional tomando en cuenta el rechazo de los transportistas sindicalizados y gremiales que cuestionaron la norma por una supuesta afectación a sus bienes. Para ello, apeló a la disposición séptima del artículo 202 de la Constitución Política del Estado (CPE) para pedir al TCP una resolución acerca de la constitucionalidad del proyecto

El Tribunal Constitucional tiene 30 días para comunicar el fallo sobre el proyecto, cuya determinación será de cumplimiento obligatorio si se resuelve su constitucionalidad. Entonces, la Asamblea Legislativa retomará su tratamiento.

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